El encarecimiento de las materias primas ha incrementado el coste total de las obras alrededor de un 22,2% de media y ha provocado que cuatro de cada diez empresas (39,5%) se hayan visto obligadas a cancelar o paralizar sus obras, según las conclusiones del estudio “Impacto de la subida de las materias primas en la construcción”, llevado a cabo por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) con la participación de más de 300 compañías y que ha sido presentado este viernes, 15 de octubre, por el presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén.
Los riesgos inherentes a esta situación han sido expuestos por Fernández Alén, que ha incidido en que esta subida “amenaza la viabilidad de muchos proyectos” , y ha advertido que la cuantía, “en muchos casos, supera a la que debe asumir la empresa si decide abandonar el proyecto”, puesto que las penalizaciones pueden ser de un 0,02% del contrato o entre 1.000 y 2.000 euros por día natural.
CNC pone así de manifiesto la realidad a la que se enfrenta el sector en su día a día y urge al Gobierno a tomar medidas para garantizar la viabilidad de los proyectos en marcha y evitar así una oleada de cancelaciones o paralizaciones. Más si cabe “en un momento crucial para el sector y para la economía española”, dado que, con la puesta en marcha de los programas de ayudas a la rehabilitación, del Plan de Recuperación, la patronal considera determinante contar con un presupuesto que no vaya a incrementarse durante el transcurso de los trámites administrativos de obtención de los fondos, “lo que podría perjudicar ya no solo a las empresas, sino incluso a los propios ciudadanos”.
Para el presidente de la Construcción (CNC), “la subida de las materias primas es una de las principales amenazas para la implantación de los fondos europeos. Hay un peligro de indigestión, ya que la tardanza en su gestión y ejecución, unido a este encarecimiento y a la falta de mano de obra, provocará cuellos de botella que pueden terminar frenando el ritmo de la recuperación”.
En este escenario, el estudio presentado por CNC revela que los materiales que más se han encarecido en los últimos tres meses han sido la madera (125%), la piedra (68%) y el cobre (63%), en tanto que los que más sufren el desabastecimiento y los retrasos son la madera, el aluminio y el acero.
En todo caso, como ha manifestado, Pedro Fernández Alén, “los desabastecimientos o retrasos son generalizados”. CNC resalta que un 75,6% de las compañías que operan en el sector ha sufrido desabastecimientos o retrasos inusuales durante los últimos tres meses en la entrega de materiales imprescindibles (como la madera, el acero o el aluminio).
Del estudio también se desprende que el desabastecimiento de materiales en el transcurso de las obras ha provocado que en más de la mitad de los casos se haya producido un retraso en la ejecución de las unidades de obra sin afectar al plazo; que un 21,8% de las empresas haya optado por la paralización de la obra; o que un 12,3% se haya retrasado en los plazos de finalización, entre otros.
Pese a ello, la mayoría de las cancelaciones de contratos o paralizaciones de obras no ha tenido consecuencias económicas para las empresas, y que solo un 24% ha sufrido algún tipo de penalización.
Ante la situación actual, la patronal defiende que se establezca un sistema automático de reequilibrio que permita hacer frente a ese sobrecoste y, por tanto, tenga en cuenta las alteraciones de precios posteriores a la presentación de ofertas, tanto al alza como a la baja, buscando dotar de estabilidad al contrato.
No obstante, CNC ha trabajado en diversos modelos que facilitan la realización de reclamaciones por parte de las constructoras hacia la Administración o el promotor del proyecto. De esta manera, cualquier compañía afectada por el incremento inusual del precio de las materias primas podrá solicitar al contratante la ampliación de plazo, la modificación del contrato o la indemnización por ruptura del equilibrio económico contractual.
En concreto, las medidas propuestas son:
• Derogar la Ley de Desindexación en relación con los contratos públicos, para garantizar la viabilidad de los proyectos en marcha.
• Establecer un sistema de reequilibrio frente a los sobrecostes.
• Agilidad en la gestión de los fondos europeos para cumplir con los objetivos y plazos de la UE.
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