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Según un documento remitido por la ACC al Gobierno, en el que se recogen 172 sugerencias

La sostenibilidad en la edificación: objetivo número uno contra la crisis climática para los españoles

ACC GBCe
La Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC), foro de participación que busca consensos sobre las transformaciones que necesita España para lograr la neutralidad climática antes de 2050, ha remitido 172 propuestas al Gobierno.
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La ciudadanía española sitúa el impulso de la sostenibilidad en la edificación como el objetivo número uno para acelerar, desde una visión social, la lucha contra la crisis climática. Así queda patente en el documento remitido por la Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) al Gobierno de España, en el que se recogen 172 sugerencias divididas en cinco áreas: consumo, alimentación y uso del suelo; trabajo; ecosistemas y comunidad; salud y cuidados.


Esta asamblea, concebida desde su origen -en enero de 2020- como un foro de participación ciudadana independiente, aleatorio y representativo, busca que los ciudadanos se informen, reflexionen y generen consensos en torno a las grandes transformaciones que necesita España para lograr la neutralidad climática antes de 2050


“El trabajo en este foro para lograr un país más resiliente, justo y solidario frente a la emergencia climática es muy valioso y lanza el mensaje claro de que la responsabilidad de la descarbonización recae sobre todos”, afirma Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España (GBCe).


En este sentido, Huerta ha aludido a la Hoja de ruta para la descarbonización total de la edificación en España -enmarcada en el proyecto Building Life-, donde se reclama a las administraciones públicas que pongan “al ciudadano en el centro”, lo que implica activar la responsabilidad social e individual, fomentando estilos de vida descarbonizados: “La transición de la edificación hacia la sostenibilidad es indisociable de la participación ciudadana, por lo que prácticas de democracia participativa como esta Asamblea, que permiten escuchar a la ciudadanía, deben ser el camino habitual a seguir”, resalta Huerta.


El reto clave de la edificación

Desde GBce señalan que en el actual contexto de emergencia climática, donde urge cambiar un modelo de vida que ya no puede sostenerse, “la descarbonización de la economía es el principal reto al que se enfrenta la humanidad”. El sector de la edificación, responsable a nivel europeo del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 derivadas de la energía, juega un rol fundamental.


Consciente de esta realidad, la ACC -asesorada por un órgano de gobernanza compuesto por expertos independientes- propone en primer lugar “fomentar la arquitectura verde, sostenible y facilitar que el parque de edificios -tanto nuevos como ya existentes- se adapte rápida y fácilmente a los mejores estándares existentes de consumo de energía y agua”.


El desafío es mayúsculo. En España, el sector de la edificación causa el 30,1% del consumo de energía final y el 25,1% de las emisiones, tal y como se recoge en la Hoja de ruta de Building Life. No sorprende entonces que de los más de 4,5 millones de edificios que hay con Certificación de Eficiencia Energética (CEE) en nuestro país, apenas 13.000 cuenten con una letra A o certificación energética de máxima eficiencia. 


Además, la mitad del parque edificado español se construyó antes de 1980 sin normativa de eficiencia. “Las CEE son una muestra más de que el parque edificado español está envejecido, es poco eficiente, por lo que hay que rehabilitarlo para mejorar su comportamiento energético”, explica Paula Rivas, directora técnica de GBCe.


Escollos en la rehabilitación

España necesita llegar hasta los 10 millones de rehabilitaciones de viviendas principales en las próximas tres décadas para cumplir su compromiso de cero emisiones de carbono para 2050, según la Estrategia a largo plazo la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE). Para lograr este objetivo, es necesaria una inversión anual de 7.500 millones de euros. No obstante, la Asamblea identifica que “el proceso de rehabilitación es todavía complicado para la ciudadanía, hay poca información y mucha burocracia”.


“El mayor escollo para generalizar la rehabilitación está en la falta de interés que tienen los usuarios, no tanto porque no quieran rehabilitar, sino porque aún desconfían”, asegura el experto de GBCe y coordinador del proyecto Aúna, Emilio Miguel Mitre. Sin embargo, Mitre pone el foco en la crisis provocada por la COVID-19 y la histórica inversión de 6.820 millones de euros de los fondos Next Generation, “una oportunidad de oro” para que la rehabilitación se convierta en la bandera de una nueva economía resiliente, generadora de empleo y descarbonizada.


Transformación profunda del sector

“La mitad de las emisiones de carbono previstas para el sector de la edificación están ocultas, por lo que si queremos que nuestros edificios generen cero emisiones para 2050 es básica una visión de análisis de ciclo de vida en todo el sector”, argumenta la directora general de GBCe. Ante esto, la Asamblea solicita “fomentar el uso de prácticas y materiales sostenibles en las edificaciones”, con procedimientos sostenibles como la recuperación de materiales y garantizar que las nuevas construcciones estén más y mejor adaptadas al cambio climático.


En este contexto de profunda transformación del sector de la edificación, Justo Orgaz, presidente de GBCe, resalta que la adaptación de la normativa -al menos en Europa- camina con determinación, pero con paso lento, hacia la reducción de impacto ambiental negativo. Por ello, Orgaz ve en las herramientas de certificación -como DGNB o Verde- la guía para anticipar los cambios que va a experimentar el sector: “Promover, proyectar, fabricar, construir y mantener los edificios siguiendo los criterios de certificaciones como DGNB es una garantía de valor futuro, pues la certificación es una anticipación del contexto normativo y práctico”, destaca Orgaz.


Edificios públicos ejemplares

“Las administraciones tienen la capacidad de ejercer una labor de divulgación intensa, dando visibilidad a las buenas prácticas y ejerciendo un papel ejemplarizante”, resalta Huerta. En esta línea, la Asamblea exige que “todos los edificios de titularidad y/o uso público, cumplan con los estándares de sostenibilidad y de consumo energético -edificios de consumo de energía casi nulo y edificios pasivos- existentes en el Código Técnico de la Edificación para renovar anualmente el 10% de la superficie edificada”.


Según la directora general de GBCe, esta tarea no debe limitarse a la rehabilitación, ya que la descarbonización del uso de los edificios pasa por un mejor uso de la energía y por mejores hábitos de consumo. “Es necesario que las administraciones públicas establezcan un marco estratégico, legislativo y reglamentario en sus respectivos ámbitos competenciales”, destaca Huerta, en alusión a la Hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en todo su ciclo de vida: las administraciones públicas, en primera línea de la transición.


Financiación de la rehabilitación

En materia de rehabilitación, la Asamblea ha identificado que, además de faltar información y sobrar burocracia, “no existen mecanismos de financiación efectivos”. Por ello, considera necesario “mejorar las condiciones de gestión y financiación para que la ciudadanía pueda llevar a cabo fácilmente la rehabilitación energética de sus viviendas de forma proactiva sin que haya impedimentos económicos ni burocráticos”. A su juicio, estas condiciones incluyen los aspectos de información, viabilidad, tramitación, financiación y asesoramiento para todo el proceso.


“Para que la respuesta ciudadana se active es necesario un plan de comunicación ‘de verdad’ que haga atractiva la rehabilitación y que acompañe a esa nueva manera de ver nuestra vivienda que ha traído la pandemia”, argumenta el coordinador del proyecto Aúna. A juicio de Mitre, la innovación financiera, más que al producto financiero en sí mismo, se orienta ahora a medidas “puente” de acompañamiento para llegar al ciudadano, cubriendo la parte a la que las subvenciones no llegan, y también a establecer una mayor colaboración público-privada.


Ante esta coyuntura, Mitre prevé que las elevadas subvenciones a la rehabilitación que se van a poder percibir en los tres años, probablemente motivarán el arranque de la demanda, por lo que “el sector tendrá que resolver otros contratiempos, como la mano de obra, pero la financiación no parece que vaya a ser un problema”, asegura el coordinador de dicho proyecto.


Nueva cultura del agua

En un contexto como el actual, en el que el déficit hídrico es un grave problema, es vital rehabilitar un edificio para mejorar la eficiencia de las griferías y de los aparatos sanitarios, captar el agua de la lluvia para utilizarla en el riego y el inodoro o facilitar los procesos de depuración, separando las calidades de las aguas para sus usos. “Un edificio rehabilitado ahorra entre un 30 y un 40% de agua”, recalca Yolanda del Rey, responsable de Certificación en GBCe.


Por esto, la asamblea defiende que se obligue a las nuevas edificaciones a incluir la reutilización de las aguas grises y la recuperación de aguas de lluvia con el fin de minimizar el consumo y abaratar el coste de las edificaciones. No obstante, Bruno Sauer, director general de GBCe, considera que la solución de fondo pasa por aplicar una nueva cultura del agua a nivel global que acabe con la idea de que es un bien ilimitado, omnipresente e inmediato: “Debemos tomar conciencia de que la disponibilidad de agua dulce o potable es cada vez menor”, resalta Sauer.


Simplificar el proceso

Con el objeto simplificar los procesos para acceder a la rehabilitación, la Asamblea reclama “garantizar la existencia de una figura pública a nivel local para poder dar soporte a los actores implicados en la rehabilitación de viviendas, que funcione como ‘ventanilla única’”. Se trata de centralizar en el mismo lugar servicios como asesoramiento técnico; apoyo en la toma de decisiones; financiación de estudios previos y del coste de la rehabilitación y apoyo en la gestión de las ayudas y en la búsqueda de cofinanciación, cuando sea necesario.


“Es necesario crear una red de oficinas o ventanillas desplegadas por el territorio para los ciudadanos, junto a una página web integrada, que facilite información y asesoría al ciudadano”, defiende Huerta. No obstante, es necesario poner el foco en esa figura profesional, experto en la gestión integral de la rehabilitación de edificios y viviendas, que el Real Decreto 853/2021 denomina ‘Agente Rehabilitador’: “Esta figura integral solo es posible si se crean alianzas entre todos los actores del sector implicados en el proceso de la rehabilitación”, argumenta Mitre.


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