La construcción denuncia que las administraciones disparan un 36% el uso de medios propios en 2023 y anulan la concurrencia empresarial

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) denuncia que las distintas administraciones públicas en España están anulando la competencia al disparar de manera significativa el uso de medios propios para ejecutar contratos públicos. De esta manera, entre enero y junio de 2023, la utilización de medios pertenecientes a las propias administraciones creció un 36% sobre el mismo periodo de 2022, año en el que, a su vez, ya había crecido de forma muy significativa.

En total, en los cinco primeros meses de este año, la Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado 192 obras encargadas a medios propios, por un importe global de 379,5 millones de euros. De seguir con este ritmo, el año actual finalizaría con 460 obras encargadas a medios propios por importe de 910 millones de euros, frente al ya récord de 337 encargos por importe de 661 millones de euros en 2022.

Abuso sistemático

Los datos revelan el abuso sistemático de un mecanismo que debería ser excepcional y no un recurso habitual por parte de las administraciones públicas. La falta de concurrencia empresarial favorece asimismo la concentración de encargos en muy pocas ellas. Así, por ejemplo, una sola de ellas ha sido beneficiada con el 78% de los encargos (149) y el 66% del importe total (243 millones). 

Se quejan las empresas del sector de que, además, “tales empresas no disponen, en muchos casos, de medios propios suficientes para ejecutar tanta obra y deben recurrir a la subcontratación”.

El importe medio de los contratos encargados a medios propios asciende a 2 millones de euros. No obstante, llaman la atención algunas licitaciones. Por ejemplo, la ejecución de las obras para la mejora de la eficiencia energética y la rehabilitación sostenible de 74 actuaciones en diversos acuartelamientos de la Guardia Civil por todo el territorio nacional, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

Este encargo fue formulado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (SEGIPSA) por más de 75 millones de euros (75.612.724,41 €).

Revisión de precios

Las administraciones que recurren a medios propios para ejecutar sus obras lo hacen cuando una licitación queda desierta, o cuando encuentran algún motivo de urgencia, o porque no han revisado los precios del proyecto, o simplemente por comodidad.

Al incrementarse el número de licitaciones desiertas debido a las tensiones en los precios de contratos sin sistema de revisión y al consecuente incremento de riesgo económico de las empresas, especialmente de pymes, muchas de las obras son finalmente encargadas a medios propios, que las ejecutan con unos presupuestos muy superiores a los de la licitación original. 

“Una práctica cómoda pero que supone un mayor coste para la administración contratante, que convierte la competencia en muy injusta, que ataca a la creación de riqueza para empresas y trabajadores y que podría disparar el número de disoluciones y de concursos de acreedores de empresas constructoras”, según señalan desde CNC

CNC reitera a las distintas administraciones que “pongan fin al aumento disparatado de encargos de obras con medios propios para favorecer la creación de riqueza y de empleo estable, además de para impulsar el dinamismo empresarial, la transparencia económica y la competencia”.

 Asimismo, urge al Ejecutivo que surja de las elecciones generales del 23-J a aprobar un mecanismo estable de revisión de precios. En este sentido, la solución podría ser la vuelta a la Ley de Contratos del Sector Público que regía hasta 2015, una ley que recogía eficazmente un sistema de estabilización de los precios de los contratos.