El Consejo de Ministros de este martes, 23 de junio, ha dado un paso más hacia la instauración de una planificación a largo plazo que permita a nuestro país alcanzar los objetivos marcados en materia de renovables para el año 2030 y para garantizar que el impulso conseguido durante el año 2019 en el sector renovable -año récord de instalación de nueva potencia instalada- tenga continuidad.
Como apuntan desde Appa Renovables, las subastas, que son reguladas en este Real Decreto-ley y deberán desarrollarse en detalle en regulación complementaria, “deben contar con un escenario a medio y largo plazo para que el sector renovable nacional no vuelva a caer en políticas de ‘arranque y freno’ como ya se ha vivido en la última década”.
En opinión de la asociación, estas subastas deben favorecer que el consumidor final se beneficie de la reducción de costes conseguida por las tecnologías renovables sin descuidar la garantía para que los inversores tengan visibilidad sobre el retorno de la inversión de cara al futuro.
Por último, añaden que la prioridad otorgada a proyectos innovadores y de I+D+i “abre la puerta a que las tecnologías que aún deben recorrer su curva de aprendizaje puedan hacerlo. La configuración futura de las subastas debe aprovechar la complementariedad de las distintas tecnologías para garantizar un sistema renovable robusto y gestionable”.
Ordenación de los proyectos renovables
Desde el sector renovable, a la espera de analizar con detalle los hitos propuestos en el Real Decreto-ley, se aplaude la ordenación del actual escenario de acceso y conexión a red, priorizando aquellos proyectos que obedecen a una voluntad firme de ejecución.
En el caso de las comunidades energéticas, Appa Renovables valora positivamente la integración de los ciudadanos y las entidades locales, regionales o nacionales como agentes del sistema energético, con la salvaguarda de que se garantice la libre competencia y se busquen criterios de eficiencia.
Revisión de parámetros retributivos
Desde Appa Renovables se hace un llamamiento para que las medidas aplicables a biomasa, cogeneración y residuos que, de forma excepcional, valoran el bajo precio de los combustibles y del CO2 durante el estado de alarma, se extiendan al año 2020 y sean de aplicación a todas las tecnologías renovables que han experimentado precios excepcionalmente bajos, muy alejados de los marcados como referencia en la Orden de Parámetros del pasado mes de febrero.
Del mismo modo, la asociación solicita que esta revisión de parámetros se lleve a cabo con carácter anual, en vez de cada tres años, eliminando las bandas muertas y con una mejor previsión de los precios de mercado.
“El conjunto de las tecnologías renovables (eólica, fotovoltaica, minihidráulica…) han de verse compensadas debido a la gran desviación de precios de mercado respecto al escenario previsto por la Orden de Parámetros que sirve para el cálculo de su retribución”, subrayan. En este sentido, argumentan que la mencionada orden estimaba en 54,41 €/MWh el precio medio del año 2020 cuando, de enero a mayo, esta cifra se ha situado en 28,70 €/MWh, una cifra un 47% inferior al dato de referencia: “Esta circunstancia deja en situación de especial vulnerabilidad a las compañías de cara a acometer nuevos proyectos e inversiones”, apuntan.
I+D+i y nuevos modelos de negocio
En cuanto a la prioridad a proyectos de I+D+i y el establecimiento de bancos de pruebas regulatorios (sandboxes), abre la puerta, en opinión de Appa Renovables, a que tecnologías incipientes o en un grado temprano de madurez puedan alcanzar la competitividad económica.
“Los nuevos modelos de negocio, como la agregación, la hibridación o el almacenamiento, permitirán aprovechar al máximo la Transición Energética a la hora de crear empleo y riqueza en nuestro país”, concluyen.
Con la adquisición, la división Home Comfort casi duplica su tamaño, superando los 25.000 empleados y los 8.000 millones de euros en ventas.
Junto a Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, el Ejecutivo defiende una propuesta con medidas comerciales en defensa del acero europeo que aseguren la continuidad de este sector.
Esta decisión ha sido adoptada de forma unánime por el pleno de consejeros del pasado 24 de julio: solicitará su nulidad ante el Tribunal Supremo.
El sector de los suelos vinílicos/SPC (Stone Plastic Composite) está en un momento de madurez y diversificación y experimenta una evolución notable.
El uso de este modelo está ampliamente extendido entre servicios de agua y administraciones públicas a nivel nacional.
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