Unesid ha puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria que se están importando, desde fuera de la Unión Europea (UE), tubos y perfiles de acero para las instalaciones de energía fotovoltaica que incumplen la normativa aduanera; y ha solicitado que se cobren los derechos de salvaguardia a los que están sujetos estos materiales establecidos por la Comisión Europea desde 2019.
El director general de Unesid, Andrés Barceló, explicó que “algunos importadores declaran los tubos como estructuras solares con la intención de eludir la regulación europea de importaciones de productos de acero. Los derechos a pagar cuando se superan los contingentes marcados en la salvaguardia son del 25% del valor de la mercancía”.
Según las estadísticas de comercio exterior publicadas por la Agencia Tributaria, solo entre junio y agosto de 2023 se han importado desde China materiales al mismo precio de los tubos (por debajo de 1.100 euros/tonelada), que alcanzan 21.899 toneladas en 159 operaciones. La cifra total de terceros países asciende a 25.686 toneladas.
“Ante estas cifras entendemos que se están declarando estos materiales como estructuras metálicas, solo por el hecho de llevar algunas perforaciones. Esta clasificación errónea evita ese pago con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas”, subraya el director general de Unesid.
España se encuentra inmersa en un importante proceso de inversión en instalaciones de energía fotovoltaica para cumplir los objetivos de descarbonización. En 2022 se instalaron 4,5 GW fotovoltaicos y se llegó a una capacidad de 19,8 GW. Las instalaciones seguirán creciendo hasta alcanzar los 65 GW en 2030, necesitando en torno a 100.000 toneladas anuales de tubos y perfiles de acero.
Para Andrés Barceló, “esta fuerte inversión podría generar un gran valor añadido localmente, ya que contamos con la industria con capacidad para proveer este material de manera competitiva. Por tanto, resulta imprescindible que estos materiales procedentes de fuera de la UE paguen los derechos de salvaguardia de acuerdo a lo establecido en la normativa aduanera”.
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Junto a Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, el Ejecutivo defiende una propuesta con medidas comerciales en defensa del acero europeo que aseguren la continuidad de este sector.
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