Intervenciones necesarias: planificando una ola de rehabilitaciones justa y ambiciosa

El sector de la edificación es responsable, a nivel nacional, del 30,6% del consumo de energía final y del 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen energético. Casi la mitad de las viviendas existentes se construyeron antes de 1980, momento en el que comenzó a aplicarse la norma básica de edificación NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas en los edificios, que incluyó por primera vez aspectos relativos al aislamiento térmico de los edificios. 

En torno a 55.473 viviendas están siendo rehabilitadas al año, lo que, pese a alcanzar los objetivos planteados por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE), supone en torno al 0,1% del parque residencial español. Finalmente, la superficie residencial y no residencial visada para gran rehabilitación alcanzó, en 2024, 9.851.454 m², manteniendo un crecimiento constante, aunque aún muy por debajo de la superficie visada para obra nueva.

Estos datos seguramente todas las personas que leamos esta publicación los tengamos ya sobradamente claros. Ahora, permitidme añadir algunos más que quizás no estén tan presentes en nuestras mentes. Sabemos, a través del módulo sobre condiciones de la vivienda y eficiencia energética de la Encuesta de Condiciones de Vida, que en 2023 el 27,5% de los hogares afirmó que no pudo mantener una temperatura suficientemente cálida durante los meses fríos y el 33,6% manifestó que no tuvo una temperatura suficientemente fresca durante el verano, datos que se incrementaban en los casos en los que las personas de referencia de los hogares eran mujeres o menores de 29 años. La misma Encuesta de Condiciones de Vida cubre anualmente el porcentaje de hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, lo que arroja dentro de la serie histórica datos con una tendencia claramente ascendente, que se exacerba en los hogares del primer decil de renta, en aquellos que viven en régimen de alquiler, en los hogares monomarentales o monoparentales y en los hogares con más de cinco miembros.

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética reconoce que el estado de la vivienda en la que una familia vive es una de las causas que puede agravar esta problemática, pero pese al aumento de la ratio de rehabilitación, no parece que este se haya materializado en una mejora significativa de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad. 

Desconocemos el impacto que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha tenido sobre estas familias en situación de pobreza energética, ya que no se han publicado datos oficiales respecto a las solicitudes de ayudas adicionales recogidas para de los programas 1 y 3 de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social de dicho plan para los propietarios o usufructuarios en situaciones de vulnerabilidad económica. Pese a ello, desde la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás, se enviaron a principios de 2024 consultas escritas a los distintos gobiernos autonómicos, solicitándoles estos datos respecto al programa 3, dado que, para entonces, muchas comunidades autónomas habían cerrado ya sus convocatorias para dicho programa. Las respuestas obtenidas para esas consultas arrojaban datos de solicitudes de ayudas adicionales que se encontraban en torno al 1% del total, suponiendo un porcentaje ínfimo en comparación con los datos de vulnerabilidad antes expresados.

Pese a haber dispuesto de fondos para hacer llegar la rehabilitación a la población en situación de vulnerabilidad, no parece que hayamos sido capaces de hacerlo, salvo honrosas excepciones.

Esperanzas en el futuro

El escenario que se ha dado en los últimos años no ha sido tan bueno como querríamos, pero se ha iniciado una corriente que puede llegar a producir la tan necesaria ola de rehabilitaciones justa y ambiciosa. Las ayudas a la rehabilitación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se otorgaron sin integrarse en la base imponible del IRPF, lo que solventó muchas de las problemáticas que han afectado hasta ahora a los hogares en situaciones de vulnerabilidad, a los que se les hacía devolver parte de las ayudas finalistas obtenidas y también perder otras prestaciones sociales. A su vez, aún con la aparente falta de alcance de las ayudas de este plan para con los hogares en situaciones de vulnerabilidad, sí se dieron experiencias muy exitosas de las que podemos aprender, como la rehabilitación del entorno del Carrer Pirineus en Santa Coloma de Gramenet. Por último, estas ayudas permitieron poner en marcha distintas redes de apoyo a la rehabilitación, facilitando el acceso a la información por parte de particulares y profesionales.

Para construir sobre estos cimientos que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia estableció, contaremos próximamente con tres planes que, con una redacción e implementación adecuadas, pueden permitirnos avanzar enormemente hacia alcanzar el derecho a una vivienda adecuada, en particular para aquellas personas que más lo necesitan: el Plan Social para el Clima, el Plan Nacional de Renovación de Edificios y el Plan Estatal de Vivienda de 2026.

El Plan Social para el Clima surge como una iniciativa de la Comisión Europea para compensar el impacto de la introducción de un régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios (ETS2) en los hogares en situación de vulnerabilidad. Este plan contará con unos 9.117 millones de euros para este fin, considerando que debe compensarse también a los usuarios de transporte vulnerables y las microempresas vulnerables que se vean afectados por el ETS2. 

Solo con que una fracción de estos fondos se dediquen a la rehabilitación de viviendas de los hogares en situación de vulnerabilidad es probable que una buena parte de la inversión total en rehabilitación de los próximos años proceda de este plan, lo que debería llevar a que la mayoría de las rehabilitaciones de los próximos años beneficien a los hogares en situación de vulnerabilidad. Aunque parece que hablamos de cantidades ingentes de dinero, para rehabilitar en profundidad las viviendas de hogares en situación de pobreza energética que reconocía la ERESEE haría falta una cantidad de fondos unas siete veces mayor que la disponible para el conjunto del Plan Social para el Clima español. Para conseguir que estas rehabilitaciones se lleven a cabo y realmente compensen estos impactos negativos en los hogares en situación de vulnerabilidad, es necesario aprender de las barreras detectadas hasta ahora.

Las administraciones, a todos los niveles, deben planificar la utilización de estos fondos, para poder centrar sus esfuerzos en las zonas donde más se concentran las situaciones de vulnerabilidad. En estas zonas debemos actuar todos los agentes, visto que son las intervenciones a escala de barrio las que han conseguido mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad en mayor medida. Estas intervenciones deberán contar con equipos transversales, idealmente liderados desde las administraciones locales, que sean proactivos en estas zonas y puedan dar apoyo técnico, social y administrativo, reuniéndose con el vecindario de los barrios, asistiendo a las reuniones de comunidades de propietarios en las que se discutan las rehabilitaciones y dando soluciones a medida que puedan dar respuesta a la complejidad que supone la pobreza energética.

Para establecer estos equipos de apoyo a la rehabilitación, podremos aprovechar el Plan Nacional de Renovación de Edificios, ya que deberán desarrollar una red de oficinas de apoyo a la rehabilitación que cuente al menos con una oficina por municipio y por cada 80.000 habitantes. Estas oficinas deberán implantarse prioritariamente en las zonas donde se concentran las situaciones de vulnerabilidad, para asegurar que este requerimiento del Plan Nacional de Renovación de Edificios pueda beneficiar la implementación del Plan Social para el Clima. 

No solo eso, sino que el Plan Nacional de Renovación de Edificios deberá implantar una trayectoria nacional para la rehabilitación del parque de edificios residenciales que vaya reduciendo el consumo energético de las viviendas españolas, debiendo beneficiar mayoritariamente (en un 55%) al parque residencial en peor estado (el 43% menos eficiente), por lo que las posibles convergencias entre ambos planes son claras. De hecho, nos consta que las direcciones generales del Ministerio para la Transición Ecológicas y el Reto Demográfico y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana responsables de la redacción de ambos planes están colaborando estrechamente.

Por desgracia, aunque estos dos planes converjan, los fondos disponibles no llegarán para realizar todas las rehabilitaciones necesarias para solventar de forma decisiva la pobreza energética. No solo eso, sino que en muchos casos los programas parecen cubrir únicamente las mejoras de la eficiencia energética de las viviendas, cuando muchas de ellas necesitan también intervenciones que mejoren la accesibilidad o incluso la consolidación estructural y constructiva de los edificios, en algunos casos antes de siquiera plantearse realizar medidas energéticas. El Plan Estatal de Vivienda de 2026 debe recuperar las ayudas a la rehabilitación que se redujeron durante el anterior plan, como consecuencia de la aparición de los fondos Next Generation, que mayoritariamente cubrían rehabilitaciones energéticas.

Se deben reforzar las figuras del Área de Rehabilitación Integral, Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana o del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada que se han usado durante los últimos años, haciendo converger la rehabilitación energética con el resto de intervenciones constructivas, urbanas y sociales necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población y, muy importante, evitar que dicha población sea desplazada por procesos de gentrificación. Se han alineado una serie de planes y una buena cantidad de fondos que, considerando el contexto político europeo actual, puede que no se repita en una temporada, es nuestra responsabilidad aprovecharlo al máximo para lograr una transición energética realmente justa.

Este artículo aparece publicado en el nº 603 de CIC, págs. 38 a 40.