La Alianza Civil contra el Fuego, formada por seis entidades del ámbito técnico, vecinal, de consumidores y de municipios rurales, ha presentado su manifiesto con una petición clara: revisar con urgencia las medidas de protección contra incendios ante el aumento de los siniestros en el parque edificatorio español.
En las últimas tres décadas, los incendios en fachadas de grandes edificios en España se han multiplicado por siete, mientras que las víctimas mortales por incendios en viviendas siguen en aumento.
En palabras de Gabriel Muñoz, director-gerente de la APTB, “nuestro objetivo es reducir drásticamente el número de víctimas mediante medidas que protejan a las personas en su propia casa, como la instalación de detectores de humo, que ya son obligatorios en numerosos países europeos”, y ha añadido: “No basta con evitar la pérdida de vidas humanas; también es clave minimizar los daños materiales y para ello es imprescindible que tanto la ciudadanía como los profesionales reciban formación adecuada en prevención y actuación frente a incendios”.
Desde la perspectiva de los barrios y comunidades urbanas más vulnerables, Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM, ha subrayado: “Estamos convencidos de que es posible mejorar la seguridad de las viviendas de las personas más vulnerables de la Comunidad de Madrid; son las que sufren la pobreza energética y el mayor riesgo de incendios. Solo hace falta más voluntad política para que sea una realidad”.
Por su parte, Miguel Gracia, presidente de esMontañas, ha compartido su punto de vista desde la perspectiva de territorios rurales y de montaña al afirmar que “en los incendios actuales vemos que la diferencia entre el ámbito rural y el urbano se ha difuminado”, y ha añadido: “Muchas personas que acuden a pueblos en su segunda residencia o a pisos turísticos corren también un grave riesgo cuando estallan incendios forestales en zonas cercanas a áreas urbanas”.
Ante el aumento de víctimas mortales por incendios, la alianza considera crucial una actualización de la normativa de protección frente a incendios, así como concienciar y formar a la ciudadanía para actuar ante esta amenaza. Así lo ha confirmado Enrique García, portavoz de comunicación y asuntos públicos de la OCU, al asegurar que “la normativa actual es claramente insuficiente y está desactualizada, lo que hace que muchos edificios de uso público carezcan de las medidas básicas contra incendios que deberían tener”, y ha añadido: “Hay una falta grave de transparencia; los usuarios no reciben información clara sobre las medidas de protección contra incendios en los inmuebles que habitan”.
La alianza plantea una serie de reformas que combinan la protección activa (prevención, detección y respuesta ante incendios), la protección pasiva (condiciones constructivas que impidan la propagación del fuego) y el desarrollo de campañas de formación y sensibilización. Entre las propuestas destacadas se encuentran:
Los portavoces de la alianza han lanzado un mensaje claro a la Administración pública: es necesaria una revisión urgente de las medidas de protección contra incendios, tanto pasivas como activas.
“Necesitamos que nuestros edificios sean de calidad, confortables, que no derrochen energía; necesitamos combatir la pobreza energética, y debemos conseguirlo sin poner en riesgo nuestra seguridad”, ha concluido Mónica Herranz, secretaria general de Afelma.
Además, la alianza ha manifestado su disposición a colaborar con instituciones, partidos políticos, técnicos, agentes sociales y otras asociaciones para avanzar hacia una normativa integral que garantice la seguridad de los edificios y de los ciudadanos.
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