Andimac advierte: el incumplimiento de la ley de morosidad agrava la concentración empresarial

Andimac, la asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación, alerta de la preocupante concentración de empresas en el sector en beneficio de las grandes superficies y de los gigantes tecnológicos. Para ello, se apoya en los datos más recientes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que revelan que, en el sector del comercio profesional de material de construcción, fontanería y climatización, el número de empresas cae un 12%, mientras que el de trabajadores crece un 4,42%.

Desde la patronal se advierte de un “derrame generacional” como la principal causa del cierre de empresas en este periodo, lo que se traduce en una palanca más hacia el proceso de concentración que sufre el sector. Este proceso descansa sobre la pérdida de tejido empresarial por falta de relevo, en una transición orgánica y natural, pero, sobre todo, por la irrupción de modelos de negocio muy eficientes y bien enfocados, cuyo desarrollo se produce por el externo financiero derivado de incumplir flagrantemente la ley de morosidad.

Las pymes del sector compiten con operadores en el segmento de materiales, fontanería y climatización que cobran al contado a sus clientes (lo cual es positivo), pero que pagan a sus proveedores con retrasos medios de hasta 155 días (lo cual es muy negativo). Esta dinámica no es una ventaja comercial, sino más bien un abuso que subvierte las reglas del mercado y castiga a quienes sí cumplen con la legalidad.

Andimac recuerda que la ley de morosidad establece un plazo máximo de pago de 60 días. Y advierte de que superar ese límite no solo vulnera derechos contractuales, sino que genera ventajas financieras ilegítimas para quien incumple; debilita la tesorería de los proveedores, especialmente pymes, que además, para equilibrar esta distorsión, no les queda más remedio que ser más exigentes en condiciones de pago y comerciales con el resto de clientes distribuidores de menor tamaño; y fuerza a otras empresas de distribución a competir en desigualdad de condiciones.

En la práctica, Andimac no ve solo un problema ético o legal, sino que considera que se trata de una amenaza estructural porque las empresas que sí cumplen la ley son desplazadas, debilitadas o forzadas a asumir riesgos financieros que no les corresponden.

Por ello, la patronal considera que esta cuestión debe retornar al centro del debate público, empresarial y regulador. A su juicio, no hablamos de compartir riesgos, como a menudo se plantea de muy larga rotación, sino de rotaciones medias en torno a 70 días.