La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha celebrado su Asamblea General en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la que ha sido reelegido presidente Pedro Fernández Alén y ha solicitado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que asuma la coordinación interministerial para resolver los principales retos que enfrenta el sector.
Durante la inauguración de la asamblea y con la ministra presente, Fernández Alén ha lamentado la grave confrontación que existe entre el Gobierno y algunas comunidades autónomas y ayuntamientos. En el seno del Ejecutivo, le ha pedido que asuma la coordinación entre todos los ministerios implicados, entre los que destacan Trabajo, Seguridad Social y Migraciones y Educación, a la vista del problema de falta de mano de obra; Economía y Hacienda para agilizar la normativa de contratos públicos y la colaboración público-privada; o Transportes.
En materia de vivienda, Fernández Alén reclama un gran pacto de Estado para orillar los intereses partidistas y, como medida más urgente, desbloquear la Ley del Suelo, cuya parálisis se debe a la “incomprensible falta de voluntad política”. De acuerdo con los cálculos de CNC, hacen falta 220.000 viviendas anuales para empezar a aliviar los problemas del mercado y poder alcanzar la “velocidad de crucero” de 150.000 anuales en el próximo lustro.
Posteriormente, en la clausura de la asamblea, el presidente de la CNC ha alertado de la mala salud que atraviesa la contratación pública en un momento especialmente delicado por la urgencia de ejecutar en tiempo y forma los fondos europeos. En concreto, ha pedido poner fin al “abuso” de medios propios por parte de las distintas administraciones públicas, lo que está quebrando la libre competencia empresarial y reduciendo notablemente el número de empresas que concurren a las licitaciones.
En paralelo, ha propuesto un modelo de clasificación que no dificulte el acceso de las empresas a la contratación de obras. Igualmente, reconoce la buena voluntad de Transportes para revisar los precios de los contratos públicos y, así, ofrecer certidumbre a las empresas en una época tan caracterizada por la volatilidad de los mercados.
Finalmente, se ha dirigido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por el que ha asistido la secretaria de Estado, Pilar Cancela, ante quien ha defendido, entre otras medidas, una regularización de inmigrantes a través del arraigo por formación con itinerarios formativos reglados, cortos y acumulables —de entre 60 y 100 horas— en colaboración con el Ministerio de Educación. Para ello, propone utilizar los más de 60 centros de la Fundación Laboral. De igual modo, aboga por poner en marcha la nueva normativa de extranjería para traer a inmigrantes formados desde origen en condiciones laborales dignas.
Ante las peticiones de Fernández Alen, la ministra de Vivienda ha remarcado la decidida apuesta del Gobierno por la vivienda como eje de actuación prioritario. “La vivienda no será el factor que estrangule el crecimiento económico que vive España”, ha asegurado.
A continuación, Isabel Rodríguez ha apuntado que “las políticas públicas de vivienda serán transversales a todo el Gobierno. Expandiremos al máximo nuestras competencias”, y ha remarcado el objetivo del Ejecutivo de “consolidar un parque público de vivienda que pueda converger con los estándares de Europa”.
Asimismo, la ministra ha subrayado la alianza del Gobierno con el sector de la construcción para contribuir a su modernización y acelerar la edificación de vivienda en España. “Hemos recuperado el sector de la construcción y con ello la calidad de vida de miles de españoles”, ha asegurado y, acto seguido, ha reclamado “una alianza de país para dar respuesta desde el consenso” a las necesidades de la ciudadanía en materia de vivienda, en referencia al pacto de Estado que había solicitado previamente Fernández Alen.
En esta línea, la ministra ha zanjado su intervención alabando el papel fundamental del sector de la construcción para convertir a la vivienda en el quinto pilar del Estado del Bienestar: “Nuestra apuesta pasa por más recursos y por un Gobierno que no actúa como agente pasivo, sino que se pone el casco y las botas”.
Se trata de un termo eléctrico reversible que está disponible en capacidades de 35 a 150 litros y permite una instalación tanto vertical como horizontal.
El director general, Jorge Vega, subrayó que la estrategia comercial con horizonte en 2027, lanzada en junio del pasado año con el reto de tener más de 2.000 millones de euros de facturación, está superando los resultados previstos.
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