El Parlamento catalán ha aprobado una modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, que establece que será la Generalitat quien habilitará los colegios profesionales y las otras entidades colaboradoras de la Administración (ECA) para actuar en toda Cataluña, en vez de tener que hacerlo en cada ayuntamiento particular.
Esta medida, que permitirá agilizar la concesión de las licencias de obras y avanzar en la digitalización de los expedientes de licencias urbanísticas municipales, ha sido impulsada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, el Consejo Catalán de la Arquitectura Técnica, el Colegio de Ingenieros Industriales y el Consejo de Colegios de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña, con el apoyo del Departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña y de la administración local (la Asociación Catalana de Municipios mediante su Fundación Municipalista de impulso territorial).
Esta modificación de la Ley de Urbanismo forma parte de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat y regula de forma expresa la responsabilidad de los colegios profesionales y las ECA en la emisión de los informes de idoneidad técnica. Ha sido negociada por estos cuatro consejos y colegios, con la aprobación mayoritaria de todos los partidos.
Las modificaciones fueron aprobadas por el Parlamento el pasado viernes 10 de marzo y entraron en vigor el pasado viernes, 17 de marzo, una vez publicada la Ley en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña
Actualmente, estos cuatro consejos y colegios están negociando con el gobierno de la Generalitat el desarrollo reglamentario de la modificación del texto refundido, a fin de aprobar próximamente el Decreto de regulación de las entidades habilitadas en el ámbito urbanístico.
Con la adquisición, la división Home Comfort casi duplica su tamaño, superando los 25.000 empleados y los 8.000 millones de euros en ventas.
Junto a Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, el Ejecutivo defiende una propuesta con medidas comerciales en defensa del acero europeo que aseguren la continuidad de este sector.
Esta decisión ha sido adoptada de forma unánime por el pleno de consejeros del pasado 24 de julio: solicitará su nulidad ante el Tribunal Supremo.
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El uso de este modelo está ampliamente extendido entre servicios de agua y administraciones públicas a nivel nacional.
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