Al actual ritmo inversor, las actuaciones propuestas en el tercer ciclo hidrológico 2022-2027 no estarán ejecutadas hasta 2045, es decir, “18 años más tarde de lo previsto y sobrepasando en 15 años el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030”, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Seopan, que añade que “será necesario realizar 23.825 millones de euros (M€) en infraestructuras relacionadas con el agua y el medio ambiente para poder cumplir estos objetivos y cerrar los expedientes europeos abiertos por no depurar correctamente las aguas residuales”.
Por lo que se refiere a la ejecución presupuestaria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) en 2021 ha sido del 85%. Desde Seopan subrayan que “en el periodo 2007-2021, el Miterd ha dejado de ejecutar 10.438 millones de euros (M€), lo que implica una pérdida de retorno fiscal en ese periodo de -5.934 M€ y una pérdida de creación de empleo de -169.551 empleos”.
Según Seopan, a pesar de que España tiene más de la mitad del territorio en riesgo de desertización, con un 72% de su superficie bajo estrés hídrico severo, ha sido el país, de entre las mayores economías europeas, con menor inversión por habitante en protección del medio ambiente entre 2011 y 2019, con tan solo 24€/habitante en 2019 frente al promedio de 40€/habitante (datos Eurostat).
Esta escasa inversión supone un grave problema ya que el agua es un elemento clave para el desarrollo de otros sectores estratégicos para nuestro desarrollo económico como el turismo y la agricultura y ganadería: “Es incompatible liderar un turismo global sostenible y de calidad siendo el país europeo con mayor número de sanciones medioambientales”, afirman.
También existe -añaden- un gran potencial de desarrollo de nuestro sector agrícola en su productividad comparado con otros países más eficientes, siendo posible aumentar el valor añadido tanto en proporción al área de cultivo como en proporción al volumen de agua utilizado con fines agrícolas, “pero estamos desaprovechándolo por no invertir en agua y dejar que este sector se vea afectado, entre otros problemas, por las pérdidas que se producen durante el abastecimiento”.
Como indican desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, el sector del agua es el más necesitado y el más sancionado, ya que “la mayor multa de la historia de Europa a España es sobre agua y sigue creciendo cada año: ya van 53,4 millones por no depurar las aguas residuales urbanas en aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. Una multa que sigue aumentando 10 millones cada semestre sin cumplir y que el Gobierno prevé que supere los 80 M€”.
Los ODS afectados por esta falta de inversión, según Seopan, son: ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” (para garantizar la disponibilidad); ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” (en lo referido a solucionar las pérdidas en distribución de agua y mejora de la calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua); ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” (ya que un 22% de las viviendas siguen sin servicios de depuración y un 4% sin servicios de alcantarillado); y el ODS 15 (que reclama luchar contra la desertificación, la sequía e inundaciones que, en el caso de España, son causa de las mayores catástrofes naturales; los daños en bienes, personas y pérdidas pecuniarias ascienden a 5.320 M€ desde 1981).
Como recuerda Seopan, las subvenciones europeas asignadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a las inversiones en infraestructuras hidráulicas (ecosistemas resilientes y preservación de recursos hídricos) ha sido de 1.850 M€, es decir el 3,6% del total de 51.096M€ para el periodo 2021/2022: “Estos fondos Next Generation, en lo relativo a agua, son una oportunidad desaprovechada, de manera que se tendrá que impulsar el modelo concesional para poder acometer las inversiones prioritaria en la materia”, concluyen.
Con la adquisición, la división Home Comfort casi duplica su tamaño, superando los 25.000 empleados y los 8.000 millones de euros en ventas.
Junto a Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, el Ejecutivo defiende una propuesta con medidas comerciales en defensa del acero europeo que aseguren la continuidad de este sector.
Esta decisión ha sido adoptada de forma unánime por el pleno de consejeros del pasado 24 de julio: solicitará su nulidad ante el Tribunal Supremo.
El sector de los suelos vinílicos/SPC (Stone Plastic Composite) está en un momento de madurez y diversificación y experimenta una evolución notable.
El uso de este modelo está ampliamente extendido entre servicios de agua y administraciones públicas a nivel nacional.
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