La compañía constructora Jotsa ha levantado la suspensión de pagos tras haber alcanzado el mínimo legal exigido, ya que los acreedores suscribieron el 66% de la deuda de la compañía, según explicaron fuentes de la empresa. De esta forma, Jotsa ha conseguido que las dos terceras partes de los acreedores necesarios para efectuar el levantamiento se adhieran al convenio de viabilidad impulsado por la Confederación Nacional de Subcontratistas (CONASCOP) para continuar con la actividad de la constructora.
La deuda de Jotsa ascendía a 56,6 millones de euros (9.433 millones de pesetas). De ellos, 8,3 millones de euros (1.383 millones de pesetas) corresponden a entidades financieras, 884.000 euros (147 millones de pesetas ) a deudas con la Hacienda Pública y 47,4 millones de euros (7.902 millones de pesetas) a los subcontratistas.
El nuevo estudio de la Plataforma por la Descarbonización del Calor y el Frío aborda soluciones seguras y sostenibles para reducir el sobrecalentamiento urbano.
UCI subraya la rehabilitación energética como una respuesta urgente y necesaria para mejorar el confort térmico y reducir el impacto del cambio climático en los hogares.
Los datos del último informe de la Asociación Europea de Bombas de Calor (EHPA) revelan el amplio margen de crecimiento que aún existe en muchos mercados, incluido el español.
Su llegada, efectiva desde el 1 de julio, refuerza el equipo directivo en una etapa clave para consolidar el crecimiento sostenible y la transformación comercial de la compañía.
La empresa ha desarrollado un sistema de climatización radiante por suelo o techo que proporciona una sensación de frescor natural y uniforme en cualquier estancia, sin corrientes de aire, sin sequedad en el ambiente y sin ruidos.
Con la adquisición, la división Home Comfort casi duplica su tamaño, superando los 25.000 empleados y los 8.000 millones de euros en ventas.
Junto a Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, el Ejecutivo defiende una propuesta con medidas comerciales en defensa del acero europeo que aseguren la continuidad de este sector.
Esta decisión ha sido adoptada de forma unánime por el pleno de consejeros del pasado 24 de julio: solicitará su nulidad ante el Tribunal Supremo.
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