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Comienza la distribución de 1.631 millones de euros de los fondos europeos, tras su aprobación por la Conferencia Sectorial de Vivienda

(OK) Rehabilitacion y Valladolid 027
Este primer reparto tiene como objetivo reducir las necesidades energéticas de nuestro parque de viviendas y edificios públicos y hacerlos más eficientes y menos contaminantes.
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y las comunidades y ciudades autónomas han ratificado este miércoles, 21 de julio, la propuesta de distribución de 1.631 millones de euros de los fondos europeos de recuperación aprobada por el Consejo de Ministros el 13 julio. El acuerdo, alcanzado durante la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo presidida por la ministra Raquel Sánchez, permite poner en marcha este mismo año los programas de rehabilitación residencial y de edificios públicos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).


“Hoy hemos acordado el reparto de los primeros 1.631 millones de euros que, sin duda, suponen la primera oportunidad para la transformación y el cambio que no podemos desaprovechar. Nos ayudarán a reducir las necesidades energéticas de nuestro parque de viviendas y edificios públicos y hacerlos más eficientes y menos contaminantes”, aseguró la ministra durante la Conferencia de Vivienda celebrada telemáticamente.  


Además, según lo previsto en el Plan de Recuperación, el criterio de reparto aprobado en la Conferencia Sectorial permitirá el traspaso de fondos en 2022 para la construcción de viviendas en alquiler social hasta 2026. “Los fondos europeos son también una oportunidad para dar un impulso a un parque de viviendas estable para el alquiler asequible, destinado a las personas que más lo necesitan, especialmente los jóvenes, con la construcción de, al menos, 20.000 viviendas energéticamente eficientes para el alquiler social”, señaló la ministra Raquel Sánchez.


Así, las transferencias para la construcción de estas viviendas de alquiler social, programa dotado con 1.000 millones de euros, permitirán a las administraciones territoriales ampliar su parque residencial social, un instrumento esencial para la aplicación de políticas públicas en favor del derecho a una vivienda digna y adecuada consagrado en la Constitución. “Nos corresponde dar una respuesta coordinada y eficaz. El objetivo es impulsar este ministerio como el Ministerio de las Ciudades, de los municipios, de la coordinación entre el Estado y las CCAA y de los hogares. Tenemos una oportunidad de construir ciudades mejores”, manifestó Raquel Sánchez antes de destacar la vocación de “acompañamiento” y “apoyo” del departamento que dirige para que CCAA puedan “sacar el mayor partido a los créditos que estarán disponibles este año”.


“Son cuestiones en las que todos debemos actuar con una actitud de colaboración y lealtad como la que os ofrezco. Estamos ante procesos que van a ser complejos debido a la ambición del programa y las exigencias técnicas y administrativas y de plazos con muy exigentes”, aseveró. “Necesitamos conocer dónde están las necesidades y cuáles son los problemas. Diferentes en cada caso. El valor de lo próximo y lo cotidiano se hace evidente ahora. Os necesitamos a todas vosotras y vosotros para sacar adelante este programa”, añadió.


En este punto, y en línea con el objetivo de reforzar el enfoque de Agenda Urbana, Raquel Sánchez aprovechó su encuentro con los representantes de Vivienda de las CCAA, Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios (FEMP) para anunciar que en los “próximos días” Mitma lanzará  una convocatoria en el ámbito de la movilidad para repartir entre los ayuntamientos 1.000 millones de euros de los fondos europeos para descarbonizar las ciudades, mitigar el ruido y mejorar la calidad del aire”.


Programas de inversión

Con el acuerdo alcanzado, se da cumplimiento a lo previsto para la ejecución de tres de las inversiones recogidas en el Componente 2, “Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana”, del PRTR, dotado con 6.820 millones de euros:

• C02.I01 “Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales”.

• C02.I02 “Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes”.

• C02.I05 “Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (Pirep)” en la parte de la inversión correspondiente a CCAA.


En concreto, el acuerdo facilita el traspaso este mismo año de 1.151 millones del Programa rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (C02.I01), dotado con un total de 3.420 millones de euros de los fondos europeos, y de los 480 millones de euros destinados al impulso a la rehabilitación de edificios públicos de las CCAA


Cada partida se distribuirá entre las CCAA, Ceuta y Melilla según este cuadro (cifras en miles de euros).

Ayudas rehabilitacion


Contribución sin precedentes

Ya en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo celebrada el pasado 26 de mayo, Mitma informó a las CCAA, Ceuta y Melilla de las principales características de los programas que, a su vez, constituyen una oportunidad para destinar un importante volumen de recursos económicos a sectores estratégicos para nuestro país, con un claro impacto social y económico y una contribución sin precedentes a la mejora del medio ambiente y del consumo de energía.


No en vano, tal y como recordó la ministra, “con los 6.820 millones de euros en ayudas e incentivos, que producirán una inversión estimada total de unos 11.400 millones de euros, incluyendo otras fuentes de financiación, se pretende crear más de 180.000 empleos, aportar al PIB 13.500 millones de euros, llevar a cabo más de 500.000 actuaciones en viviendas y construir 20.000 viviendas de alquiler social”.


Estas acciones se enmarcan en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación, cuya actualización de 2020, enviada a la Comisión Europea, fue valorada por el BPIE Buildings Performance Institute Europe como la mejor de las presentadas. La estrategia es, así, fundamental para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática de aquí a 2050 y para impulsar a corto plazo el empleo y la actividad en un sector estratégico para la economía española.

 

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