CIC Arquitectura Digital.- La nueva situación regulatoria planteada por la aprobación del Real Decreto-Ley (RDL) 1/2012, de 27 de enero, por el que se suspenden los procedimientos de preasignación de retribución y los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, un entorno de crisis económica y altos precios de la energía, refuerza la necesidad de impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética, sin coste para el sistema y que se “autofinancien” por sí mismas.
Según Rodrigo Morell, director general de Creara, la decisión del Gobierno de suprimir los incentivos económicos (o primas) a las nuevas instalaciones del régimen especial -eólica, solar fotovoltaica, termo solar, cogeneración, biomasa, biogás, minihidráulica y de residuos-, así como el procedimiento para autorizar el pago de estas primas a través del registro de preasignación del Ministerio de Industria, tiene como finalidad combatir una de las causas del déficit de tarifa.
Si bien las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 1/2012 no afectarán a las instalaciones ya en marcha, a las primas ya autorizadas, ni tampoco a las instalaciones ya inscritas en los registros de preasignación y son de ‘carácter temporal’, tendrán un importante impacto en el sector de las energías renovables y en el de la cogeneración, principalmente en las instalaciones situadas en edificios, apunta Morell.
Los edificios son uno de los principales focos de consumo energético y emisión de gases contaminantes en las ciudades. Por tanto, la eliminación de incentivos económicos a la implantación de energías renovables o la cogeneración en inmuebles no deben frenar la adopción de medidas de eficiencia energética sin coste para el sistema, rentables y autofinanciables.
“El Real Decreto-ley, los altos precios de la energía y la grave crisis económica hacen necesario recurrir a medidas de eficiencia energética capaces de optimizar el consumo de energía en los edificios, a través de proyectos desarrollados por empresas especializadas. De este modo se garantizan los objetivos, incluso sin necesidad de realizar inversiones por parte del cliente, ya que la gestión energética se externaliza y los riesgos de implantación pueden corren a cargo de una empresa de servicios energéticos”, según Morell.
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