CIC Arquitectura Digital.- El Parlamento Europeo aprobó el pasado 25 de octubre el texto de la Directiva Europea 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.
La nueva directiva obliga a los estados miembros a renovar un mínimo de edificios públicos e impone auditorías energéticas a las grandes empresas. Las compañías energéticas, por su parte, también tendrán que presentar planes de ahorro. Con la aplicación de este documento se estima que la reducción del consumo energético de la UE en un 20% puede ahorrar cerca de 50.000 millones de euros al año.
Respecto a la renovación de edificios, la directiva obligará a los estados miembros a renovar el 3% de la superficie total de “edificios con calefacción y/o frío ocupadas por sus propietarios del gobierno central” (departamentos administrativos cuyas responsabilidades abarcan todo el territorio de un estado miembro). Éste sería el caso de edificios con una “superficie útil total” de más de 500 m2, y a partir de julio de 2015, para los de más de 250 m2. Sin embargo, los estados miembros también podrán utilizar medios alternativos para lograr ahorros de energía equivalentes como, por ejemplo, una profunda renovación.
En el caso de las empresas energéticas, estas compañías tendrían que alcanzar un “objetivo acumulado del uso final de ahorro de energía” para el año 2020. Este objetivo tendría que ser al menos equivalente a la consecución de nuevos ahorros, cada año, desde 2014 hasta 2020, del 1,5% de las ventas anuales de energía a clientes finales, por volumen, con un promedio durante el último período de tres años antes de que la directiva entre en vigor.
Asimismo, la nueva Directiva Europea 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética obliga a todas las grandes empresas a someterse a una auditoría energética. Estas auditorías necesitarían comenzar dentro del plazo de tres años de la entrada en vigor de la directiva y debe llevarse a cabo cada cuatro años por expertos cualificados y acreditados.
Con el objetivo de promover la eficiencia en la calefacción y la refrigeración, los estados miembros tendrían que llevar a cabo y comunicarán a la Comisión una “evaluación exhaustiva”, para diciembre de 2015, del ámbito de aplicación de la cogeneración de alta eficiencia y la calefacción y refrigeración urbana eficientes. A los efectos de esta evaluación, los estados miembros tendrían que llevar a cabo un análisis de costo-beneficio -una propuesta presentada por los diputados-, que cubre su territorio sobre la base de las condiciones climáticas, la viabilidad económica y la idoneidad técnica.
Por su parte, los eurodiputados también propusieron el establecimiento de líneas de financiación para las medidas de eficiencia energética. Los estados miembros deben facilitar el establecimiento de estas facilidades o el uso de las ya existentes.
La nueva directiva establece medidas comunes para garantizar que la UE avanza hacia su objetivo principal de reducir el uso de energía un 20% menos en 2020. Cada estado miembro establecerá sus propios objetivos y presentará un plan de acción nacional de eficiencia cada tres años (en 2014, 2017 y 2020). La Comisión Europea tendría que evaluar, en junio de 2014, los progresos realizados.
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