El sector de la eficiencia energética reclama al Ministerio de Industria que transponga la nueva directiva “en todos sus puntos y respetando su espíritu”

CIC Arquitectura Digital.- La reciente aprobación de la Directiva 2012/27/UE relativa a la Eficiencia Energética ha generado una gran expectación en el sector energético por los beneficios que podría proporcionar a España. Sin embargo, “la clave del éxito reside en cómo se transponga ahora a la normativa nacional y autonómica; es preciso que se haga en los plazos previstos, en todos sus puntos y, sobre todo, respetando su espíritu”, según reclamó ayer, 4 de diciembre, el presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e), Manuel Sayagués, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Sayagués insistió en que “se entienden perfectamente los puntos que debemos cumplir según la nueva directiva y lo importante ahora es hacerlo, y no buscar como en otras ocasiones resquicios o recovecos legales para salirnos y no cumplir con lo marcado desde Europa”. El presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética subrayó que “lo que esperamos es que esta nueva directiva sirva a la Administración como estímulo para regular bien. No se le está pidiendo un esfuerzo económico ni subvenciones, sino solo un esfuerzo regulatorio. Regular no cuesta dinero; por tanto, regulemos bien para obtener un verdadero beneficio”, apuntó.

Aunque España votó en contra de la aprobación de la Directiva 2012/27/UE (tras un intenso debate en el seno de la Unión Europea y la revisión de varios borradores, el texto definitivo ha sido aprobado con el voto favorable de todos los estados miembros, excepto España y Portugal que votaron en contra, y Finlandia, que se abstuvo), ello no le exime de la obligación de tener que trasponerla a su legislación en un plazo de 18 meses. “Tenemos año y medio para tratar de ser ambiciosos y conseguir que el cumplimiento de esta directiva se convierta en un motor de desarrollo y en una buena oportunidad de negocio para nuestra economía; no debemos olvidar que lo que realmente persigue la directiva es conseguir ahorro y eficiencia energética”, insistió el presidente de A3e.

En este sentido, Sayagués añadió que “las administraciones públicas deben entender la eficiencia energética como una oportunidad y no como un coste; según un estudio realizado por el Centro de Investigación Jülich, por cada euro invertido en 2010 por el gobierno alemán en eficiencia energética en edificios ya ha obtenido 5 euros, además de conseguir una menor dependencia exterior, menor CO2 y mayor sostenibilidad medioambiental y económica”.

La Directiva surge como una reacción de la Unión Europea al incumplimiento de los objetivos intermedios fijados para alcanzar la meta final de ahorro del 20% de energía primaria en 2020. Este objetivo se enmarca dentro del Plan de Acción energético 20/20/20 de lucha contra el cambio climático, que implica tres objetivos concretos para dicho año: el 20% de ahorro de energía primaria; que las energías renovables representen un 20% del consumo energético total; y una reducción del 20% de las emisiones de CO2.

Entre las obligaciones concretas marcadas por la Directiva que deberán transponerse a la normativa nacional antes de junio de 2014 destacan: la renovación anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración central; conseguir objetivos de ahorro energético en clientes finales para las distribuidoras y comercializadoras eléctricas, en concreto el equivalente al 1,5 % de las ventas a clientes finales; la obligatoriedad de realizar auditorías energéticas, revisadas cada cuatro años, para todas las empresas que no sean pymes; la realización de auditorías energéticas de calidad por auditores energéticos cualificados o acreditados; el fomento de la cogeneración de alta eficiencia y de las redes urbanas de calefacción y refrigeración eficientes; así como la difusión y regulación de los servicios energéticos.

Para la asociación A3e, el hecho de que España haya votado en contra de la Directiva no debe ser un obstáculo para que se haga una transposición real de las obligaciones concretas y las recomendaciones que contempla. “Una de las razones que esgrimió España para su voto en contra fue que nuestro país ya lleva bastante camino hecho y que, sin embargo, la Directiva no tiene en cuenta este pasado sino que parte de cero para todos. Y siendo esto cierto en parte, tampoco debemos olvidar que en ciertos aspectos, como el de la intensidad energética, por ejemplo (variable que relaciona el consumo energético con el PIB de un país), en España es un 10% más elevado que la media de los países de la UE 27, lo que implica que somos un 10% más ineficientes en el consumo de la energía que la media europea”.

Respecto a la Certificación Energética de Edificios en España, el presidente de A3e recalcó que España lleva un considerable retraso en la transposición de las directivas relativas a este ámbito. “De hecho, puede afirmarse que la implantación del RD 47/2007 ha sido un fracaso, y la prueba más evidente es que no vemos en el mercado anuncios de venta de viviendas o edificios en los que aparezca su etiqueta de calificación energética”.

Una de las principales razones que podría explicar este hecho es, a juicio de la asociación, que el Real Decreto deja en manos de las comunidades autónomas (CCAA) la regulación y puesta en marcha de aspectos clave como el registro de los certificados, así como el control externo o la comprobación por parte de un tercero de la veracidad de la calificación que otorga el certificado. “A día de hoy, la mayoría de las CCAA están pendientes de sacar su normativa para regular estos aspectos, o si lo han hecho no se está aplicando o se está aplicando residualmente. Algunas CCAA están esperando a la aprobación del RD de Certificación Energética de Edificios para regular el registro y el control externo de edificios nuevos y existentes”, señaló Sayagués. En este sentido, aunque en principio está previsto que este RD quedara aprobado antes de finalizar el año, los representantes de A3e manifestaron sus dudas respecto a que vaya a cumplirse este plazo, “teniendo en cuenta las fechas en las que ya nos encontramos”.