Acogen considera “discriminatorias” las medidas fiscales para la sostenibilidad energética aprobadas por el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha aprobado las medidas fiscales para la sostenibilidad energética y el Gobierno ya tiene luz verde para llevar a cabo una “flagrante discriminación”: grava la generación eléctrica con un impuesto del 7% y establece un tipo reducido de 0,15 euros por gigajulio para el gas natural destinado a usos industriales, “siempre y cuando no se utilicen en procesos de generación y cogeneración eléctrica. Esa excepción deja fuera del tipo reducido el gas utilizado por las industrias cogeneradoras”, según la Asociación Española de Cogeneración (Acogen).

Desde la asociación opinan que las industrias que han invertido en cogeneración como la solución más eficiente a sus necesidades energéticas y como herramienta de competitividad se verán ahora castigadas por la nueva normativa, cuya aplicación efectiva aún tiene serias lagunas jurídicas. De esta forma, gran parte del tejido industrial español “puede verse forzado a cerrar sus modernas y eficientes plantas de cogeneración y poner en marcha las antiguas calderas para producir vapor, comprando en paralelo la electricidad de una central convencional menos eficiente y situada a cientos de kilómetros de distancia, con las consiguientes pérdidas en transporte y distribución, según la asociación.

Una situación “inexplicable y retrógrada” en un mundo que camina hacia la eficiencia y la sostenibilidad y una media frontalmente contraria a las políticas de eficiencia energética de la Unión Europea, que reconocen a la cogeneración como Mejor Tecnología Disponible y la promueven a través de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, entre otras.

El gas industrial para la cogeneración tendrá un gravamen cuatro veces mayor. Con ello, se discrimina gravemente entre industrias que fabrican el mismo producto, “aplicando paradójicamente una tasa superior a las que emplean la tecnología más eficiente: la cogeneración”, señala la asociación representante del sector. La distorsión de la competencia, la discriminación tecnológica y la transgresión de los principios elementales de igualdad en tratamiento fiscal y de eficiencia energética de la Unión Europea “conllevarían demandas en todos los ámbitos”. Y esto se suma a la paralizaron de las renovaciones de plantas, desde enero pasado, que supone un recorte del 50% de las primas.