El futuro de las energías renovables en España, en especial de la fotovoltaica, es “inexistente y caótico”, por culpa de la última regulación impuesta por el Gobierno, según ha denunciado el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, e informa la agencia Efe.
Las prospecciones petrolíferas planteadas en las últimas fechas en aguas próximas a Canarias y otros proyectos similares que se barajan para Baleares cuestionan “seriamente”, en opinión de la Anpier, el interés del Gobierno por potenciar o, al menos, mantener en los niveles actuales, las energías renovables.
Una política medioambiental que “está basada en el petróleo, el 'fracking', el gas de Argelia, el crudo del Golfo Pérsico y el desprecio de las energías autóctonas” que hay “en abundancia en España, como las que ofrecen el sol y el viento” es “muy cuestionable”, ha asegurado Martínez-Aroca a Efeverde.
España no podrá cumplir sus compromisos
Así, mientras que la Agencia Internacional de la Energía prevé un crecimiento de la producción mundial de electricidad de energías renovables de un 5,4 % anual hasta 2020, el presidente de Anpier ha afirmado que en este momento y “con absoluta seguridad” España no podrá participar en ese incremento porque no podrá cumplir los compromisos europeos de reducciones de emisiones de dióxido de carbono debido a las actuales incertidumbres reglamentarias. “Si el futuro es espléndido, lo será para las empresas eléctricas” cuyas acciones, de hecho, “están disparadas desde que se anunció en qué consistía la nueva reforma energética”, que “no es precisamente muy verde”.
El presidente de Anpier rechaza las medidas del texto legal impulsado por el Gobierno central en 2013 en el que desaparecía el sistema de primas, se derogaba la normativa que dio pie a realizar inversiones en energía fotovoltaica y se regulaba un nuevo reglamento donde se abona la inversión realizada. Según calcula, “supone recortes cercanos al 50% y en algunos casos superiores, respecto a las cantidades iniciales acordadas”. Además, añade, “introduce otra norma que dice que solo se liquidará a los productores fotovoltaicos en atención a los ingresos del sistema eléctrico”, lo que viene a significar que, “si hay dinero, se les paga, y, si no lo hay, no”.
Por ello considera que estas decisiones gubernamentales son un “ataque frontal” a un sector que estaba despegando con buenas perspectivas como parte de una “jugada maestra” para “beneficiar a cinco grandes compañías eléctricas a costa de la desaparición de las renovables”.
Martínez-Aroca advierte también de que, a fecha de hoy, las familias inversoras únicamente han percibido el 60 % de la cantidad ya recortada, es decir, apenas un 35 % de lo que la normativa originaria reconocía como pagos. Además, recuerda que las familias inversoras no pedían entrar en el sistema eléctrico, sino que fue el Gobierno quien en su día reclamó que se invirtiera en energías limpias, sostenibles y de futuro, para vivir ahora un “auténtico drama”. “Estas medidas no solo acaban con lo construido, sino que destruyen el futuro de las renovables, porque nadie en su sano juicio va a invertir en paneles solares y ningún banco va a dar un solo céntimo, mientras gobierne este Ejecutivo”, sentencia.
Actualmente, las entidades financieras “tienen atrapada una inversión fotovoltaica de 20.000 millones de euros de devolución de las 62.000 familias” que han invertido en esta energía limpia. “Solo nos queda afrontar la batalla política y legal”, concluye.
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