Reclaman un pacto de Estado que favorezca el desarrollo industrial de España

Los agentes sociales de la industria española procedieron este lunes, 28 de noviembre, en la sede del Consejo Económico y Social, a la firma de la Declaración por la Industria, en la que han instado al Gobierno, los partidos políticos, los poderes legislativos y las autoridades, instituciones o poderes públicos con competencias en el ámbito económico o social a asumir un Pacto de Estado por la Industria que permita desarrollar las medidas y políticas de Estado que configuren una política industrial sostenida en el tiempo. Así, se apela a un compromiso de Estado que contribuya a que España alcance el objetivo marcado por la Unión Europea de incrementar al menos hasta el 20% el peso de la industria en el conjunto del PIB en el año 2020.

El documento, que recoge nueve políticas para impulsar la competitividad industrial, reclama también la instauración de una Secretaría de Estado de Industria con competencias y recursos para impulsar la agenda industrial de la actual legislatura, a la que también se dote de capacidad para coordinar dichas políticas con todos los departamentos de la organización del Estado que sea preciso y bajo la que se implanten observatorios o foros de interlocución tripartitos y permanentes para analizar las fortalezas y debilidades de cada sector impulsando medidas para mejorar su competitividad.

La Declaración, presentada públicamente bajo el nombre “La Legislatura de la Industria”, ha sido suscrita por los máximos representantes de UGT-FICA Federación de Industria, Construcción y Agroalimentaria, CCOO Federación de Industria, CCOO Federación de Construcción y Servicios, CCOO Federación de Servicios a la Ciudadanía, así como por las organizaciones empresariales que constituyen la Alianza por la Competitividad de la Industria Española -promotora de esta iniciativa-, que representa a los sectores del Automóvil (Anfac), Refino y Comercialización de Productos Petrolíferos (AOP), Química y Farmacia (Feique), Papel (Aspapel), Cemento (Oficemen), Alimentación y Bebidas (Fiab) y Siderurgia (Unesid) que, en conjunto, generan el 50% del PIB industrial y más de cuatro millones de empleos en nuestro país. Se han adherido también a la firma el sector del Metal (Confemetal), el sector de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (Sernauto), el sector del Textil (CIE), el sector de la Moda (Moda España) y el sector del Calzado (Fice).

Durante el acto, que estuvo presidido por el presidente del CES, Marcos Peña, intervinieron: Pedro Luis Hojas, secretario general de UGT-FICA (Federación de Industria, Construcción y Agroalimentaria); Antón Valero, representante de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (presidente de Feique); y Agustín Martín, secretario general de CCOO Industria.

Una necesidad estratégica para el crecimiento

Los agentes involucrados entienden que “el desarrollo y potenciación de los distintos sectores industriales es una necesidad estratégica de nuestro país y una condición indispensable para generar crecimiento económico y empleo de calidad de forma sólida y estable y que contribuye de forma fundamental al bienestar social y a la sostenibilidad del sistema público de pensiones en beneficio de todos los ciudadanos”. De ahí que argumenten “la relevancia de asumir un compromiso de Estado para desarrollar y ejecutar una política industrial estable sostenida en el tiempo que trascienda a los eventuales cambios de signo político de los gobiernos”.

En el documento, las organizaciones empresariales y sindicales firmantes reclaman el diseño y desarrollo de nueve políticas para impulsar la competitividad industrial:

1.- Desarrollo, programación y regulación, de forma prioritaria, de una política energética estable que permita garantizar el suministro energético a un precio competitivo, que atienda a la necesaria reestructuración de nuestra industria y economía, que prime la investigación, el desarrollo y la innovación de nuevas tecnologías sostenibles, que impulse la independencia energética española con el desarrollo de energías renovables, la cogeneración y los recursos autóctonos y que preserve los sistemas de gestión de la demanda.

2.- Diseño de una política de infraestructuras logísticas y de transporte que permita mejorar la eficiencia, competitividad y sostenibilidad de los diferentes modos de transporte de mercancías y de las infraestructuras intermodales, así como acelerar el acceso de las empresas radicadas en España a los mercados internacionales.

3.- Establecimiento de una política de I+D+i y desarrollo tecnológico y digital que facilite y apueste por la actividad innovadora de las empresas y, por otra parte, permita atraer y desarrollar en España centros públicos, privados y mixtos avanzados y especializados en aquellas áreas transversales y esenciales para dotar de base tecnológica a la industria. Es asimismo imprescindible incrementar la inversión pública y privada en investigación, desarrollo e innovación que aumente la generación de producciones de mayor valor añadido.

4.- Impulso de una política de formación y empleo que garantice el desarrollo del talento y de la capacitación de los trabajadores a lo largo de la vida laboral, considerando que constituyen el principal y más valioso activo de la empresa en la sociedad.

5.- Aplicación de una política de regulación inteligente que, además de proteger los principios de unidad de mercado a escala nacional y europea, evite la inseguridad jurídica que genera la sobrerregulación existente en el ámbito industrial, y mejore la eficacia y eficiencia de las normas en vigor y futuras mediante la realización de evaluaciones de impacto rigurosas.

6.- Priorizar, por parte del Gobierno, la ordenación y control de medidas de carácter fiscal, especialmente las de carácter medioambiental que puedan provocar la ruptura de la unidad del mercado, distorsionar la libre competencia y mermar la competitividad de nuestro tejido industrial.

7.- Promover una política de inversión, internacionalización y comercio exterior que asuma los objetivos de atracción de inversiones productivas industriales en nuestro territorio y facilite la penetración de la producción española en mercados exteriores. “España debe mantener en el ámbito europeo la necesidad de reforzar los instrumentos de defensa comercial de forma que se garantice, por una parte, el acceso a los mercados exteriores y, por otra, evite la competencia de importaciones desleales. España instará a la Unión Europea para que en los nuevos acuerdos comerciales se incluyan los criterios éticos, de defensa de los derechos humanos, de los principios y derechos fundamentales del trabajo, y del compromiso con la lucha contra el cambio climático en el alcance de los mismos”, afirman.

8.- Facilitar la financiación y potenciación del tejido industrial: “Es necesario incrementar la dotación y articular más eficazmente los instrumentos nacionales y comunitarios de apoyo a la inversión en proyectos innovadores generadores de empleo, así como orientarlos fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa”, apuntan.

9.- Impulsar la sostenibilidad industrial y su contribución continua al desarrollo de procesos, productos y bienes cada vez más sostenibles y comprometidos con la seguridad y la protección del medio ambiente de forma general y, particularmente, con las estrategias de mejora de la eficiencia energética, de la lucha contra el cambio climático y de la economía circular. “Asimismo, y con objeto de promover la sostenibilidad de modo global, debe simultáneamente salvaguardarse la competitividad de las empresas industriales radicadas en nuestro país para evitar su relocalización en lugares donde la producción se realiza con estándares de seguridad y protección medioambiental sensiblemente inferiores a los europeos”, concluyen.

Para descargar la Declaración completa, pinche AQUÍ.