La nueva Directiva europea de Eficiencia Energética en Edificios obligará a los estados miembro a incluir en sus planes nacionales de rehabilitación políticas que aseguren la disponibilidad de suficientes profesionales técnicos debidamente cualificados. Al respecto, desde la Confederación de Instaladores (CNI), señalan que “España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, nuestra juventud no tiene interés por las profesiones del sector de la construcción y la legislación actual de Formación Profesional requiere una actualización urgente. Este panorama debería ser suficiente para alertar al Gobierno y establecer una estrategia clara y rápida como han hecho otros países de la UE en su momento”.
Una modificación de la Ley de Formación Profesional no es suficiente, en opinión de CNI, dado que se requiere de un tiempo para su implementación y el mercado exige ya profesionales cualificados con urgencia. “Necesitamos unas medidas que puedan ponerse en marcha de inmediato para captar profesionales e incrementar exponencialmente el número de alumnos, al mismo tiempo que facilitamos al máximo los trámites en su formación y ayudamos a las empresas en la gestión de la formación dual”, sostienen.
El presidente de CNI, Luis Nevares, apunta que España debe plantearse seriamente políticas de inmigración ambiciosas que atraigan a España profesionales en activo o futuros alumnos capaces de formarse a corto plazo. Al mismo tiempo, “debe iniciar una campaña publicitaria potente para atraer a los jóvenes de nuestro país a nuestras profesiones”.
Por su parte, el vicepresidente de CNI, Andrés Salcedo, añade al respecto que “tenemos en Hispanoamérica un espacio vital con un idioma que nos une. Eso es una ventaja muy grande que debemos aprovechar. Actualmente varias empresas asociadas a CNI tienen la posibilidad de contratar profesionales muy capacitados de Suramérica, con certificados de profesionalidad que no son reconocidos en España. Deberíamos buscar las vías de homologar esos certificados de una forma ágil”, explica.
Ya en julio de 2021, CNI transmitió al Ministerio de Educación varias propuestas al anteproyecto de Ley de Formación Profesional que preparaba en ese momento. Entre ellas, ayudas al alumnado y a la empresa para cubrir parte de los gastos asociados, no discriminar al alumnado por su edad, igualdad de condiciones de acceso a la formación, seguridad social para el alumnado en formación, incluir en el temario los contenidos de prevención en riesgos laborales o la formación simultánea en competencias digitales básicas que faciliten la inserción laboral del alumnado.
Tras seis meses, el ministerio ha publicado el proyecto de Real Decreto por el que se establece la Ordenación del Sistema de Formación Profesional, que recoge alguna de las propuestas realizadas por CNI. No obstante, desde la confederación consideran que existen aspectos a mejorar y así lo ha transmitido al Ministerio de Educación y Formación Profesional, como por ejemplo:
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