La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha alcanzado un compromiso con el Ministerio de Hacienda para debatir e implementar en breve la propuesta de ley de creación de un régimen sancionador para las empresas morosas. La iniciativa fue presentada el pasado martes en el Congreso de los Diputados a través de una propuesta realizada por el grupo parlamentario de CIU, pero fue rechazada con los votos del PP, Foro de Asturias y Unión del Pueblo Navarro.
Pese a la negativa parlamentaria, el Ministerio de Hacienda se reunirá la próxima semana con la PMcM y se ha comprometido a crear una Comisión de Trabajo para llevar a cabo la iniciativa. Entre los asuntos acordados destaca la búsqueda de una fórmula para encontrar el consenso parlamentario.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) considera que la puesta en marcha de un régimen sancionador para las empresas morosas es “determinante para homogeneizar los plazos de pago con Europa”. En este sentido, su presidente, Antoni Cañete, considera que “con el compromiso del ministro Montoro y el voto favorable de todos los partidos cambiaremos la cultura de pagos en nuestro país”.
Cañete ha recordado que la morosidad “ha provocado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”. A su juicio, la “única vía para poner freno a esta lacra es poner multas ejemplarizantes a las compañías que no cumplan con los plazos de pago”. Para Cañete, la aprobación de un régimen sancionador supondría “el paso definitivo para acabar con el problema, si se hace bien y sin trucos”, al mismo tiempo que ha señalado que “la liquidación de las facturas a tiempo representa es crucial para impulsar la contratación, favorecer el desarrollo de proyectos y dinamizar el consumo”.
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El presidente de FAMO, Marco Ferrero, ya ha adelantado las fechas de la siguiente convocatoria: 27 y 28 de mayo de 2026.
Andimac recuerda que la ley de morosidad establece un plazo máximo de pago de 60 días y considera que incumplir la normativa es un abuso que subvierte las reglas del mercado y castiga a quienes sí cumplen la ley.
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