Andalucía aprueba el nuevo marco regulador de sus ayudas de sostenibilidad energética

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto regulador de las ayudas a proyectos empresariales en favor del medio ambiente y el desarrollo energético sostenible que concede la Junta de Andalucía, cuya cuantía global para los próximos seis años se calcula en unos 250 millones de euros. La norma se adapta a los recientes cambios introducidos en la regulación europea sobre la materia y sustituye a la vigente desde 2009.

Entre otras novedades, para la concesión de las ayudas será suficiente con que la actividad objeto del incentivo se desarrolle en Andalucía, al margen de que la entidad promotora tenga o no establecimiento operativo en la comunidad autónoma. Asimismo, se introducen dos importantes simplificaciones de procedimientos. La primera equipara grandes y pequeñas y medianas empresas en relación con el requisito de acreditar la necesidad de la ayuda. En este sentido, solo se exigirá haber presentado la solicitud antes del inicio de los trabajos, con independencia del tamaño de la entidad. La segunda se refiere al cálculo de los costes elegibles, de forma que deja de aplicarse la regla general de que hayan de tenerse en cuenta los beneficios y los costes generados por la explotación de la inversión.

Finalmente, el nuevo marco regulador incorpora nuevas líneas para inversiones en eficiencia energética en edificios; optimización energética en monumentos, edificios históricos u otros lugares o eventos culturales, y formación en protección del medio ambiente y energía. Igualmente, incluye no sólo ayudas a la inversión para la promoción de fuentes renovables, sino también para el funcionamiento de las instalaciones.

La regulación aprobada afecta tanto a los incentivos directos de la Administración autonómica como a los que gestiona procedentes de fondos europeos. Además de los nuevos proyectos que se incorporan como incentivables, incluye los relativos a ahorro y eficiencia energética; cogeneración; fomento de las fuentes renovables; climatización urbana; saneamiento de terrenos contaminados; reciclado y reutilización de residuos, y estudios medioambientales y energéticos. También se apoyan los proyectos de inversión que permiten a las empresas ir más allá de la legislación europea, anticiparse a futuras normas o incrementar los niveles de protección ambiental en ausencia de las mismas.

De acuerdo con el marco normativo comunitario, estos incentivos se conceden con el fin de corregir el fallo de mercado que da lugar a un nivel de protección inferior debido a la pérdida de competitividad que suponen los costes de disminuir la contaminación e incorporar criterios de sostenibilidad energética. El objetivo debe alcanzarse sin producir efectos desproporcionados en la competencia y respetando el principio de integrar los costes de protección ambiental en los de producción.