El COACM pide a las administraciones que no se menosprecie el proyecto arquitectónico

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) considera que es obligación de la Administración ofrecer a la sociedad los mejores edificios, la mejor arquitectura al servicio público, y contratar a los arquitectos adecuados para ello, valorando su trabajo y evaluando correctamente sus honorarios. Sin embargo, en su opinión, “ha pervertido su misión social y, basándose en criterios principalmente económicos, licita sin ningún pudor los honorarios de los arquitectos, apostando por la depreciación, aprovechándose de la gran oferta de técnicos y de las rebajas inconscientes que provoca la precariedad laboral del sector (en estos últimos años se ha construido menos del 80%)”.

El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) trabaja en la elaboración de un documento, el libro blanco de los pliegos de condiciones, con el objetivo de ser el referente de la profesión en cuanto a las licitaciones

Todo ello -añaden- en detrimento del resultado, arquitectónico y constructivo del edificio público: “Cuando al construir un edificio comienza la licitación con un concurso abierto para contratar los servicios de arquitectura, con unos honorarios propuestos, el jurado valorará hasta un 49% del total de la puntuación a la baja de estos honorarios establecidos, un criterio de valoración que se considera el más importante en casi todos los concursos”. En este sentido, desde el COACM subrayan que, según la ley 9/2017, sobre los criterios de adjudicación, “el precio no puede ser el único factor determinante de la adjudicación, sino que existe la obligación de utilizar varios criterios (artículo 145.3). Los criterios de adjudicación utilizados tienen que permitir obtener prestaciones de gran calidad que respondan lo mejor posible a las necesidades planteadas. En concreto, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas (artículo 145.4)”. El ahorro en las horas de trabajo que se deben emplear en la correcta resolución del problema arquitectónico deriva, según el colegio castellanomanchego, en la eliminación de la plusvalía artística que las escuelas han inculcado, y que no va a poder reflejarse en el proyecto por falta de valoración, siendo el propio Estado quien menosprecia sus edificios. “Incluso si solo se aplicasen parámetros técnicos, el ahorro en las horas de estudio de la eficiencia de la estructura, construcción e instalaciones provocaría un inmediato sobrecosto en la realización del edificio y en su mantenimiento, acortando su vida útil, encareciendo a la sociedad un producto basado en la brillante idea del desprecio del arquitecto, al minusvalorar su trabajo inicial”, señalan.

Responsabilidad social, a futuro

El arquitecto colegiado y hasta hace unos días presidente de la demarcación ciudadrealeña del COACM, Teodoro Sánchez-Migallón, incide en que “la sociedad necesita del conocimiento de arquitecto, para mejorar la calidad espacial y constructiva del común. La responsabilidad social, a futuro, de los administradores (técnicos o políticos) no puede caer en el regateo y en la ignorancia de lo que supone un buen proyecto para la consecución de un buen edificio. Un cliente privado está exento de este deber de valoración y estimación del proyecto, y de la mejora arquitectónica que representa su justiprecio. Pero la Administración debe tutelar la profesión y garantizar su calidad, y el mejor camino no es valorar las bajas en un 49%”, sentencia.
El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) trabaja en la elaboración de un documento, el libro blanco de los pliegos de condiciones, con el objetivo de ser el referente de la profesión en cuanto a las licitaciones. “De esta manera, si la Administración tiene en cuenta su contenido, se evitarán los actuales contenciosos para recurrir las licitaciones por parte de los colegios de arquitectos”.
La decana del COACM, Elena Guijarro, ya ha puesto en común esta iniciativa con Patricia Franco, consejera de Economía y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que constató la excelente sintonía del gobierno regional para tener en cuenta el proyecto. Así, conocerá de manera inmediata el texto, una vez esté terminado, con el fin de que las licitaciones de las administraciones públicas en CLM tomen en cuenta, de inicio, las consideraciones de este libro blanco.