Aprobada la Ley Eléctrica por el Congreso

La Comisión de Industria del Congreso dio luz verde ayer, 19 de noviembre, al proyecto de ley del Sector Eléctrico tras incluirse únicamente las 57 enmiendas del Grupo Popular, sin dar tiempo a analizar las 441 enmiendas presentadas por la oposición. Así, el PP se quedó solo en el respaldo a la normativa, aunque abrió la puerta a poder negociar algún cambio de cara a la tramitación del proyecto en el Senado, adonde ha sido ya remitido al contar la comisión con competencia legislativa plena.

El proyecto de Ley del Sector Eléctrico constituye la principal normativa de la reforma energética aprobada en julio por el Gobierno, con la que éste pretende acabar con el déficit de tarifa y evitar que este vuelva a producirse en el futuro. Las enmiendas aprobadas son, en general, de carácter técnico, según informan Efe y Europa Press, aunque una de ellas establece que la retribución de las actividades reguladas se fijará cada seis años, pero que estos periodos tendrán una revisión intermedia a los tres años para evitar posibles desajustes.

El portavoz de Energía de los populares, Antonio Erías, defendió que el Gobierno “ha acometido una reforma valiente, necesaria y en cierto modo inevitable” para conseguir resolver la “inestabilidad” que, a su juicio, “se había instalado dentro de nuestro sistema energético”. En este punto, negó que se intente favorecer a empresas concretas, y subrayó que con la nueva normativa se generará “un escenario atractivo para el futuro de todos”. En cualquier caso, Erías ofreció a los grupos “seguir dialogando para mejorar entre todos el texto” y reconoció que algunas de las propuestas de la oposición pueden dar lugar a acuerdos, proponiendo presentar textos “de todos” con “transaccionales conjuntas”.

El socialista José Segura, por su parte, hizo una prolija exposición de sus enmiendas, acusando al Ejecutivo de “dejar pasar la oportunidad de reducir el aislamiento energético” de España y de generar caos con los cambios retroactivos en las retribuciones por tecnologías. También criticó la regulación del autoconsumo, con un peaje “injustificado y discriminatorio que impondrá barreras económicas que dificultarán las inversiones”, lo que “sacrificará la eficiencia económica en el medio y el largo plazo”.

Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz reiteró la “absoluta disconformidad con el fondo y la forma” de la normativa, por su impacto en términos económicos y ambientales, al tiempo que Josep Sánchez i Llibre, de CiU, alertó del riesgo de deslocalización industrial por los elevados precios de la energía y pidió respeto para las competencias autonómicas. “Sería conveniente y urgente clarificar el modelo energético antes de decidir cómo reducir el déficit tarifario y cuál será el mix energético global”, afirmó, pidiendo que en ese proceso no se olvide el efecto en la competitividad empresarial. No obstante, reconoció la voluntad de diálogo del PP y manifestó su deseo de que se pueda avanzar en esta línea en el Senado.

Tampoco le gusta la norma a Carlos Martínez Gorriarán, de UpyD, para quien es una “nueva ley de partido”, con el agravante de que afecta a un sector “sumido en un desbarajuste de dimensiones colosales y que ha provocado un problema económico importante”: el del déficit de tarifa, la pérdida de competitividad y la subida de la factura de la luz. “No creemos que las renovables sean la panacea y queremos un mix equilibrado, pero no entendemos el empeño en oponerse a las nuevas tecnologías”, lamentó.

En la misma línea, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, también cree que el sector eléctrico debe servir para “mejorar la competitividad”, pero “respetando escrupulosamente el marco competencial”, y reclamó “reducciones” para algunos subsectores industriales; mientras que Teresa Jordà (ERC) acusó al Gobierno de buscar proteger al oligopolio eléctrico “en detrimento claro” del autoconsumo y las renovables y “cargando” el déficit tarifario a los consumidores. “Es una gran estafa de la que se beneficiarán cuatro grandes compañías a costa de los consumidores y los contribuyentes”, pronosticó, reclamando un cambio de modelo, una auditoría independiente de la deuda, y el fin de la “centralización y la invasión competencial”.

Para Pedro Quevedo (CC-NC) ésta es una “enorme oportunidad perdida” porque se afronta el déficit tarifario de forma “inadecuada” y se “persiste en el castigo” a las renovables y el autoconsumo, a la vez que se produce una “invasión competencial”; y finalmente, Carlos Salvador (UPN) consideró que éste debería ser “un tema de Estado”, lamentando que PP y PSOE no sean capaces de ponerse de acuerdo en un tema tan importante para éste.

Asimismo, los grupos de la oposición criticaron que el Grupo Popular no permitiera comparecencias complementarias en esta comisión, impidiendo así que se oyera la opinión de, entre otros, Alberto Lafuente, ex presidente de la Comisión Nacional de Energía, o de Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de la asociación fotovoltaica Anpier.