La reforma energética del Gobierno español “contraviene un gran número de directrices de Bruselas, por lo que debería ser revisada”. Así de contundente se ha manifestado la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en referencia a las pautas hechas públicas por la Comisión Europea (CE) para la intervención de los gobiernos en el sector eléctrico, documento en el que establece una Guía de Buenas Prácticas en torno a los sistemas de apoyo a las energías renovables en los diferentes países, cuyo fin es poner en marcha el mercado eléctrico único europeo en 2014 y que la Unión alcance los objetivos energéticos que se ha fijado para 2020.
La AEE explica -en un documento de valoración de esas pautas- que “comparte los criterios establecidos en los documentos publicados por la Comisión” y considera que estas nuevas pautas de la CE para el sector eléctrico “requieren una revisión de la reforma energética”, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. En concreto -dice la AEE-, la CE ratifica su apoyo a la existencia de sistemas de apoyo transparentes que fomenten las tecnologías de generación limpias y basadas en recursos autóctonos, como la eólica y, asimismo, indica que los sistemas de apoyo deben ser estables y respetar las expectativas legítimas sobre la rentabilidad de las inversiones realizadas, por lo que recomienda a los gobiernos que eviten cambios retroactivos.
De hecho, la indicación de la CE, según recuerda en su documento la AEE, apunta a que “la necesidad de hacer cambios en las condiciones regulatorias en respuesta a las circunstancias del mercado no justifica aplicar esos cambios retroactivamente a inversiones ya hechas”. Un punto sobre el que la patronal española del sector eólico se muestra totalmente de acuerdo, asegurando que una de sus “principales reclamaciones en torno a la reforma energética es, precisamente, que pretende modificar las reglas del juego para todas las instalaciones en marcha, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello provoca y los problemas financieros a los que aboca al sector”.
Primas e incentivos
Por otro lado, en su Guía de Buenas Prácticas, la Comisión considera que los sistemas de apoyo más eficientes “son aquellos que incentivan la participación de las energías renovables en el mercado eléctrico, por ejemplo, mediante un sistema de primas, como el que había en España hasta la reforma energética”. Por otra parte, la Comisión aconseja -según recuerda la AEE- que, en el caso de los sistemas de incentivos a la inversión (como el que pretende implementar el regulador español), “se realicen a través de un apoyo al principio de la construcción de la instalación para incentivar la eficiencia y que, en todo caso, se apliquen solo a las nuevas instalaciones”. Asimismo, Bruselas recomienda “el establecimiento de compromisos legales a largo plazo para garantizar la estabilidad de las inversiones”.
La AEE explica en su nota que “en la regulación española anterior, tanto en el Real Decreto 661/2007 como en el Real Decreto 436/2004 ya existían estos compromisos legales que garantizaban que en ningún caso se modificaría la retribución para las instalaciones en marcha”. Un principio -entiende la AEE- “que ha sido dinamitado por la reforma energética, que introduce además revisiones de la retribución a tres años vista”.
La AEE añade que el sector eólico “comparte plenamente con la CE que el camino es ir eliminando progresivamente los incentivos a las renovables, a medida que los sectores avancen en reducción de costes y eficiencia” y recuerda que, de hecho, ya en el Plan de Energías Renovables 2011-2020 “quedaba claro que el sector eólico español no necesitaría incentivos para las instalaciones nuevas en algún momento de esta década”. Sin embargo, la patronal de la eólica española aclara que este objetivo también debe ir ligado al de la eliminación progresiva de los apoyos a los combustibles fósiles y a una fiscalidad medioambiental más clara en la lucha contra el cambio climático. “Todo ello en busca de un mercado energético plenamente competitivo en el que los efectos externos derivados de la emisión de carbono estén plenamente internalizados en el coste de las distintas tecnologías”, insisten.
La AEE concluye explicando en su comunicado que “aunque estas recomendaciones de la CE (que aún son susceptibles de cambios, aunque ya han sido publicadas) no son vinculantes, se tendrán en cuenta a la hora de evaluar los sistemas de incentivos a las renovables de cada país en 2015, cuando se aprueben las Directrices sobre Ayudas de Estado Medioambientales, que sí serán vinculantes”. Por ello y “dado que la reforma energética española contraviene en gran medida estas recomendaciones y aún no es firme (se encuentra en trámite parlamentario)”, la AEE considera finalmente que la posición de la CE “justifica una revisión del modelo que el Gobierno pretende implantar y la adopción de un sistema alternativo que respete los principios identificados en los documentos europeos y respete la necesaria seguridad jurídica de las inversiones realizadas al amparo de la normativa anterior”.
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