El pasado 4 de diciembre de 2017, según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, todos los espacios y edificaciones existentes, así como infraestructuras y material de transporte, entornos, productos y servicios también existentes, y que sean susceptibles de ajustes razonables para cumplir con los requerimientos de la normativa de accesibilidad, tenían que haber realizado ya las actuaciones pertinentes. Evidentemente, no se ha cumplido con la normativa y se entiende que se realizarán prórrogas para su cumplimiento en años venideros. Pero ¿cuáles son las razones de este incumplimiento? ¿Por qué está siendo tan lenta su incorporación en nuestra sociedad?
Hace 25 años, en 1992, se realizaron en Barcelona los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, donde todos lo países del mundo pudieron ver estas competiciones por televisión y comprobar cómo se puede albergar en las mismas instalaciones deportivas las competiciones y entrenamientos de los atletas olímpicos y paralímpicos. Asimismo, el público olímpico y paralímpico podía asistir, tuvieran o no sus capacidades limitadas, a estos eventos con normalidad, utilizando sus entornos urbanísticos y playas, medios de transporte públicos, y también las viviendas de la Villa Olímpica/Paralímpica, que fueron las mismas en ambos Juegos; así como los locales comerciales y de restauración que se utilizaron... y que hoy en día los ciudadanos de este barrio y sus visitantes disfrutan con total normalidad.
La imagen de España quedó muy favorecida y en particular la de Barcelona, y desde entonces la ciudad ha ido recibiendo cada vez más y más turistas, que siguen visitando entre otros destinos las instalaciones olímpicas del Anillo de Montjuich, y de otras sedes de las competiciones de los Juegos.
En nuestro país, desde aquellas fechas de la década de los 90 se han ido promulgando normativas de accesibilidad en las diferentes comunidades autonómas, y a nivel estatal en este inicio del siglo XXI, para así conseguir que todas las personas, solas o con sus familias, tengan o no sus capacidades limitadas, y especialmenta quellas con grandes discapacidades motóricas, sensoriales y/o cognitivas, puedan acceder y utilizar nuestro entorno. Y sobre todo, también pensando que en España cada vex más la población mayor irá creciendo; según datos de la IMS, nuestro país será el más viejo del mundo en el año 2050, y ello lo comprobamos porque muchas familias tienen abuelos con más de 75-80 años, que quieren seguir haciendo su vida lo más normalizada posible, paseando por las calles, visitando a sus amigos, utilizando los transportes públicos para desplazarse y comprando en los locales comerciales y de restauración, visitando monumentos y viajando a diferentes destinos que les ofrezcan ocio con seguridad y comodidad, incluso si son usuarios de silla de ruedas para desplazarse.
Entonces, si cada vez hay más gente con movilidad/comunicación reducida y/o discapacidad, ¿por qué no se cumplen los plazos establecidos por las diferentes normativas de accesibilidad y leyes sobre los derechos de las personas con discapacidad? A mi modo de entender, existen diferentes motivos que urgentemente se deben solucionar para conseguir la mejor calidad de vida para todas las personas:
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