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“Siempre que las CCAA adelanten los fondos europeos a los propietarios”, añaden desde la asociación

Andimac estima que este año se harán obras de rehabilitación energética en 70.000 viviendas

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La patronal propone una mayor colaboración entre el Gobierno central y las CCAA en la gestión de los fondos Next Generation, en línea con la petición formulada desde la Comisión Europea.
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La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) estima que la actividad en el segmento de rehabilitación energética podría alcanzar las 70.000 viviendas al finalizar 2023, tal y como se refleja en su Observatorio 360º


Sin embargo, la patronal de la reforma y la rehabilitación supedita esta previsión a que las comunidades autónomas incorporen el criterio de preconcesión de las ayudas en sus regulaciones, y adelanten a las comunidades de propietarios el dinero para las obras que ya les ha sido transferido desde la Administración central. En opinión de Andimac, si las CCAA actúan con diligencia, la actividad en el segmento de rehabilitación energética podría iniciar este año una senda creciente de cara a 2024. 


Barreras en el acceso a las ayudas

En este sentido, Andimac viene advirtiendo desde hace tiempo de importantes amenazas que pueden provocar una pérdida de los fondos europeos. Entre ellas, la enorme dispersión de las ayudas; la falta de actualización de sus niveles de intensidad estimados a los costes reales de los materiales en 2023 y, a nivel de CCAA, las barreras detectadas ante la ausencia de preconcesiones que prolonga los tiempos administrativos, y no adelantar las ayudas a los propietarios pese a disponer desde hace meses de los recursos en tesorería, lo que impide incentivar la toma de decisión.


Ante esta situación, la patronal aboga por la implantación de un mecanismo de transparencia a nivel nacional que permita saber la evolución real y actualizada de los visados. En la actualidad, señalan desde Andimac, no existe información de esta naturaleza y, añaden, el modelo desarrollado a nivel local es una prolongación de todos los anteriores, por lo que acumula sus mismas deficiencias.


Una petición totalmente alineada con la que ha realizado la Comisión de la Unión Europea, que en su reciente visita a España ha pedido una mayor colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la gestión de los fondos Next Generation.


En línea con la Comisión, Andimac también considera que el Gobierno debería garantizar que la información sobre las ayudas se publique de manera más estructurada para acceder fácilmente a los datos de ejecución.


La patronal también advierte de que este modelo disperso de ayudas puede acabar generando soluciones ineficaces e incompletas. Desde Andimac señalan que el objetivo de los fondos es llevar a cabo actuaciones integrales, no parciales. Y lamentan que la dispersión de las ayudas esté empezando a movilizar soluciones parciales en materia de ahorro energético, lo que además de insuficiente resulta contraproducente en el tiempo.


Riesgo económico 

Ahondando en la importancia de actuar con una visión integral a la hora de pensar la rehabilitación, la patronal alerta de un riesgo económico para el futuro de las familias, fruto del envejecimiento de los inmuebles de la generación del “baby boom”.


En este sentido, explica que las generaciones nacidas entre los años 30, 40 y 50 ya transmiten sus propiedades a las generaciones nacidas en los años 50, 60 y 70. Y estas generaciones transmitirán a partir de la próxima década sus propiedades acumuladas a las nacidas en los años 70, 80 y 90. 


Visto desde una perspectiva demográfica, unas generaciones con índice de fecundidad del entorno de 1,2 recibirán herencias de unas generaciones cuyo índice (y equilibrio de propiedades) se situaba en torno al 3. Así, Andimac prevé un stock generacional de vivienda, anticuada y obsoleta, que no competirá en el mercado.


Desde la patronal inciden en que, si no se actúa rápidamente de forma intensiva en el mantenimiento y mejora del parque edificado, el problema será irresoluble, puesto que el parque de viviendas con más de 40 años llegará a superar los 12 millones. Y en el mejor de los casos, recuerdan, podrían rehabilitarse 300.000 viviendas al año. 


Baja calidad energética

Según la directiva de la Unión Europea, indican desde Andimac, para 2030 cualquiera que tenga o compre una casa de calificación G o F estará obligado a renovarla al menos a calificación E, mientras que tres años después la letra D será la de referencia. Mientras tanto, en España el 80% del parque de viviendas se encuentra actualmente en las clases E, F y G: las letras más bajas de calidad energética.


La patronal sostiene que la alternativa a no promover de forma decidida la rehabilitación podría conducir a empobrecer a millones de familias, cuyas propiedades inmobiliarias empezarán a perder valor a medida que pasa el tiempo y no se aplica en ellas una rehabilitación energética adecuada. Pues bien, de acuerdo con el Banco de España (Encuesta financiera de las familias), la vivienda (42%) y las propiedades inmobiliarias (28%) representan el 70% de la riqueza total de las familias.


Todos estos datos están recogidos en el Observatorio 360º de Andimac, del que se desprende una caída del 1,4% de la actividad de la reforma y rehabilitación en 2022. Para 2023 se prevé otra caída del 2,9%, aunque sin tener en cuenta el efecto sobre la actividad de las inversiones que contempla el Plan de Recuperación destinadas a esta rehabilitación energética de edificios y viviendas.


En cuanto al número de viviendas reformadas en 2022, la patronal estima que se hicieron obras en 1,75 millones, un 1,4% menos que en 2021. Por su parte, el gasto medio por hogar rondaría los 1.082 euros.


Según el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, “los fondos europeos suponen una oportunidad única para realizar una gran mejora en la calidad del parque edificado, lo que redundará en términos económicos y de sostenibilidad de la riqueza de las familias, asentada en sus viviendas. Todo dependerá de la rapidez con la que actúen las comunidades autónomas a la hora de canalizar los fondos europeos que marcarán el devenir de nuestro sector y del conjunto de la economía. El daño de no proceder con diligencia hoy podría ser enorme en el futuro”.


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