El Cabildo de Gran Canaria destinará 17,6 millones de euros a rehabilitar viviendas, mejorar zonas industriales y abrir el Faro de Maspalomas, entre otras acciones para 2018, según ha informado la consejera Minerva Alonso.
Esto supone un incremento del 42% de la Consejería de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda con respecto al ejercicio de 2017, subida en la que destaca la del Consorcio de Viviendas, cuyo presupuesto aumenta más de un 90%, ya que pasa de tres a 6,3 millones de euros, de los que 3,3 millones son para la rehabilitación del parque público de viviendas que beneficiará a más de un millar de casas.
Asimismo, el cabildo duplica la partida de ayudas para las obras de adaptación de los hogares a las necesidades de personas con discapacidad, que el pasado año ascendió a 200.000 euros y que en 2018 contará con 400.000 euros.
Actuación en casi 900 viviendas
El Plan de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (Arru), por su parte, dispondrá de 2,6 millones de euros para actuar en casi 900 viviendas, a las que se sumarán un conjunto de actuaciones de las que se beneficiará la ciudadanía de 19 municipios de la Isla. Otra de las partidas destacadas en el área de Vivienda es la destinada a la Plataforma Antidesahucios de Gran Canaria, dotada con 3.000 euros para la asistencia psicológica de los residentes afectados, así como a medidas de protección e información a la ciudadanía, a los que se suman los convenios Inserta con 37.000 euros, Emancipa con 12.000 euros e Icalpa con 50.000 euros.
La Consejería de Industria y Comercio contará con 600.000 euros más, un 9%, hasta casi siete millones, de los que 2,3 estarán destinados al empleo y la cohesión social en actuaciones como la concesión de subvenciones a proyectos de dinamización comercial, planes directores de ayuntamientos y la Cámara de Comercio, además de las obras para modernizar las zonas comerciales en Arucas, Santa Lucía, Valsequillo y Guía, con una aportación de más de 1,3 millones de euros.
El Plan Estratégico de Áreas Industriales recibe en 2018 más de tres millones de euros para mejorar las infraestructuras de las zonas industriales y así hacerlas más competitivas, además de facilitarles asistencia técnica para la creación de entidades de conservación.
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