Cepco denuncia que la Administración está lejos de dar ejemplo en algunas cuestiones sobre sostenibilidad

La Semana Internacional de la Construcción, celebrada la semana del 5 al 8 de noviembre, fue el escenario del I Congreso ‘Construyendo el Futuro: Innovación, Sostenibilidad e Industrialización’, en el que tanto Cepco como Asefave han colaborado intensamente en su organización. Este evento se ha posicionado como un foro clave para el encuentro y debate sobre los principales retos que están transformando el sector de la construcción.

La segunda jornada del congreso tuvo como tema principal la sostenibilidad y en ella se abalizaron cómo las empresas pueden implementar prácticas sostenibles para mejorar la eficiencia económica y reducir el impacto ambiental de sus productos y actividades.

La jornada se cerró con la celebración de una mesa redonda titulada ‘Obligación con la sociedad y oportunidad de progreso’, donde participó el presidente de Cepco, Luis Rodulfo, junto con otros expertos como Carolina Roca, socia-directora general de Grupo Inmobiliario Roca y presidenta de Asociación de Promotoras Inmobiliarias de Madrid (Asprima); Julio Touza, socio-director del estudio de arquitectura Touza Arquitectos; Pablo Sainz de Baranda, CEO y co-fundador de la constructora Grupo Construcía; Yolanda Vilaseñor, directora de certificación de Producto de Aenor, y moderada por Jose Luis Varea, director de Alimarket Construcción.

Situación actual

En cuanto a la situación actual del sector de los fabricantes de productos para la construcción sobre sostenibilidad, el presidente de Cepco señaló que “el sector tiene un compromiso demostrado con la sostenibilidad: según la Fundación Cotec, el 90% del I+D+I del sector de la construcción descarga en nuestra industria: dos tercios de los certificados que tiene actualmente Aenor pertenecen a productos de construcción y son certificados voluntarios. Por otra parte, hay bastantes empresas nuestras que están gastando centenares de millones en descarbonización. Sin embargo, el resto de agentes no están tan acoplados con lo que están haciendo nuestros fabricantes. Si ellos no adquieren los productos sostenibles y descarbonizados, el sistema no funciona. En ese sentido, la Administración está lejos de dar ejemplo en algunas cuestiones sobre sostenibilidad y nos preocupa muchísimo: queremos cumplir la legislación por convicción, pero ésta la hemos de cumplir todos o no valdrá para nada”.

Por su parte, Carolina Roca subrayó que “el que mejor consigue el gap de sostenibilidad medioambiental y económica en este momento es sin duda el fabricante. Además, es medible. Es objetivamente medible los avances que se están produciendo y esos avances no van en detrimento de un elevadísimo coste o sobrecoste de los materiales de construcción”. Sin embargo, matizó que la que suspende en exigencias sobre sostenibilidad es la propia Administración: “Estamos cargando sobre nuestras espaldas la sostenibilidad medioambiental en el sector de la construcción, sin ningún apoyo de la Administración de los sobrecostes que supone ganar en sostenibilidad medioambiental”.

Sobre los esfuerzos de los fabricantes sobre la sostenibilidad, Luis Rodulfo destacó que “la descarbonización es un asunto de primera magnitud para nuestro sector, marcado por Bruselas, donde las inversiones de las empresas son de cientos de millones de euros. No obstante, si el proyecto no la incorpora o el constructor no lo compra o el promotor no lo compra o la Administración no lo prescribe, lo que estamos haciendo es llevar a la ruina a los fabricantes que están haciendo ahora la inversión”.

En ese sentido, la Comisión Europea, entre los años 2021-2023, dedicó el 6,3% de su inversión pública en fondos verdes, mientras que las exigencias de sostenibilidad para los fabricantes serán del 100% en unos pocos años, ya que “la construcción tiene que apostar por calidad y sostenibilidad, o no será. Ahora estamos diseñando el inminente pasaporte digital de producto y la industria necesita que la Administración comprenda lo que esto supone para la industria y cómo debe actuar en vigilancia de mercado”.

Asimismo, Yolanda Villaseñor afirmó que las declaraciones ambientales de producto son un buen mecanismo para poner de manifiesto las prestaciones ambientales que tiene un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. En esa línea, hizo hincapié en que “Aenor ha desarrollado la certificación de edificio sostenible que abarca dos partes: la parte de edificio en cuanto a cuál es el desempeño ambiental, social y de gobernanza una vez que se pone en marcha y cuál es la sostenibilidad de los fabricantes que fabrican esos materiales”.

En cuanto a las responsabilidades de la Administración, Luis Rodulfo puso de manifiesto que la responsabilidad que tiene la Administración es la de asegurarle al ciudadano que el uso de una vivienda o infraestructura es seguro y de calidad, en este caso, sostenible, y las vías que tiene de garantizarlos son muchas, desde la fase de diseño hasta la fase de ejecución, pasando por la propia fabricación del material. “El gran protagonista no es ninguno de nosotros, es el ciudadano, y tenemos que ser exigentes y pedirle a la Administración que nos dé garantías. Y la garantía puede ser en forma de certificado de sostenibilidad, seguro trienal u otra que valide la propia Administración”.

Por su parte, Julio Touza indicó la forma de valorar la sostenibilidad por parte de la Administración con criterios de eficiencia energética de dudosa eficacia para el fin a conseguir e insistió en el papel del usuario final a la hora de alcanzar los objetivos de eficiencia energética de las viviendas.