Cepco y Seopan reclaman en la Comisión de Industria del Congreso el plazo máximo de pago en 60 días

CIC Arquitectura Digital.- El director general de la Confederación Española de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), Luis Rodulfo, y el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (Seopan), David Taguas, han vuelto a poner sobre la mesa, esta vez ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, la necesidad de fijar en 60 días el plazo máximo de pago, fijando el comienzo del cómputo en el momento en el que se entrega la mercancía.

Además, siguiendo esta línea, el representante de Cepco realizó otra serie de propuestas, como declarar nula cualquier cláusula de contrato por la que se renuncie a derechos incorporados en la Ley contra la Morosidad; elaborar un informe anual obligatorio de la Comisión Nacional de la Competencia sobre los sectores más críticos, como los de construcción y alimentación; obligar a que los auditores reflejen en sus auditorías notas sobre el cumplimiento de la Ley contra la Morosidad; garantizar la confidencialidad de las empresas que denuncien a sus clientes por abusos de posición en el mercado en plazos de pago; activar un proceso rápido y eficaz de reclamación y de cobro de las deudas más intereses o analizar las responsabilidades personales de quien libere efectos de pago sin fondos, entre otras.

Por su parte, el presidente de Seopan subrayó durante su exposición que si bien la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que las administraciones públicas deben realizar sus pagos en un plazo no superior a 60 días, “esta obligación, establecida también en las anteriores leyes de contratos públicos, viene, desde siempre, siendo incumplida”. Si a ello sumamos, según Taguas, que las empresas constructoras deben ahora pagar a sus proveedores y subcontratistas a 60 días, cuando “por el contrario van a seguir cobrando de las administraciones públicas en un promedio de 157 días, las consecuencias resultan previsibles: el estrangulamiento de tesorería de las empresas les impedirá desarrollar su actividad y, como resultado, se generalizará la paralización de las obras”, apuntó el representante de Seopan.

En contraposición a la prohibición de que las empresas puedan seguir pactando los aplazamientos de pago que ahora permite la LCSP, Taguas propuso otras medidas, entre las que figuran que las administraciones públicas se pongan al corriente en el pago de su deuda vencida; la modificación de las normas que regulan la financiación de las comunidades autónomas y, especialmente, de las corporaciones locales, para garantizar que dispondrán, a tiempo, de los necesarios recursos para afrontar en plazo sus compromisos de pago, así como extremar la observación de las normas presupuestarias y la exigencia, en su caso, de responsabilidades por parte de los obligados a cumplir y hacer cumplir la ley.

Por otro lado, Rodulfo aseguró que actualmente la cobertura de riesgo comercial “está reducida a la mínima expresión y el 90% de los créditos ICO denegados ha sido a empresas vinculadas al sector construcción”. Esta coyuntura, unida al parón de la edificación, es lo que en su opinión ha provocado que el año pasado “se destruyeran 100.000 empleos del sector auxiliar y que se cerraran el 10% de las empresas de esta industria”.