Técnicos y consumidores, a favor de mejorar el procedimiento de certificación energética

Representantes de la Comunidad de Madrid, administradores de fincas, organizaciones de consumidores, abogados, notarios y API’s han participado recientemente en una mesa redonda organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Coam), en la que se ha debatido sobre el procedimiento para la certificación energética regulado en Real Decreto 235/2013.

La secretaria de la Junta de Gobierno del Coam, Pilar Pereda, ha expuesto las medidas puestas en marcha por cada una de las comunidades autónomas, encargadas de emitir las etiquetas, habilitar el registro de los certificados y realizar las inspecciones. La mayoría de las comunidades autónomas dispone de un registro telemático y, de momento, su tramitación no tiene ningún coste.

Existen algunas excepciones, como Extremadura, donde solo existe un registro presencial por el que se cobra 23 euros. Sin embargo, según informó Pereda, solo Cataluña y Andalucía están realizando la inspección de los archivos emitidos por los técnicos.

La Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, cuya entrada en vigor está prevista para finales de este mes tras haber sido aprobada en el Senado sin enmiendas, las sanciones oscilan entre los 300 euros y los 6.000 euros. Tal y como explicó Pereda, la cuantía dependerá de la gravedad de la infracción cometida, considerándose como “muy grave” la falsificación del certificado o los datos recogidos.

Trabas administrativas para el consumidor
Por su parte el responsable del área de Eficiencia Energética de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (Aegi), Jesús Carrasco, advirtió de la obligatoriedad de registrar el certificado para que tenga validez legal. Sobre este registro se planteó la complejidad de los datos técnicos que se requieren y que obligan al propietario del inmueble a delegar la realización de este trámite en el técnico. En este sentido, la directora de la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu) de Madrid, Itziar Marín, apuntó que “las trabas administrativas para el consumidor impiden que se desarrolle cualquier proyecto”.

Más información para incentivar las mejoras
En cuanto a la información que debe recoger el certificado de eficiencia energética, se ha considerado que, aunque no es obligatorio, es conveniente que incluya la valoración económica de las medidas de mejora y una estimación del tiempo de amortización.

En este sentido, el director asociado de Garrigues Medio Ambiente, Antonio Carbajal, considera que “para que la certificación energética suponga una reconversión del sector de la construcción y se genere empleo hay que insistir en la valoración económica de las mejoras y su rentabilidad”, más que intentar convencer a los ciudadanos con argumentos medioambientales.

Por su parte, Carrasco ha apuntado que la finalidad del certificado energético es motivar actuaciones de mejora, por lo que es necesario realizar una valoración económica de las mismas, teniendo que ser, además, técnica y económicamente viables.