España incumple este mes el plazo para transponer la directiva europea de contratación pública

El plazo para la transposición de la Directiva europea de Contratación Pública se agota para España. Nuestro país debería haber incorporado como muy tarde en abril de este año la normativa comunitaria a la legislación nacional, según recuerda la patronal de ingeniería Fidex, que agrupa a diez de las empresas más importantes e internacionalizadas del sector de la ingeniería en España: “Al no cumplir con los plazos marcados por Bruselas, España se expone a la posible apertura de un procedimiento sancionadorpor parte de la Comisión Europea”, afirman.

De hecho, desde Fidex apuntan que debido al bloqueo institucional por la ausencia de Gobierno desde el pasado mes de noviembre, la transposición de la directiva europea, de la que es responsable el Ministerio de Hacienda, difícilmente podrá ver la luz este año. “Este proceso apenas había superado el trámite de la redacción del anteproyecto de ley, quedando por tanto pendiente su tramitación parlamentaria, aplazada ahora sine die en espera de que se aclare la situación de incertidumbre política tras las elecciones del 20-D”, subrayan.

Para Fidex, todos estos retrasos pueden deparar que la nueva ley de contratos no esté lista hasta 2017 o 2018, es decir, uno o dos años más tarde respecto al plazo marcado por Bruselas. Y es que solo la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley de Contratos puede llevar entre cuatro y seis meses. No obstante, teniendo en cuenta que dicho anteproyecto de ley lo redactó el anterior Gobierno del Partido Popular, puede suceder que el Ejecutivo entrante apueste por otro texto legal, cuya redacción podría suponer un año de trabajo.

Una oportunidad para acabar con las subastas

España llega tarde así a la aplicación de una norma comunitaria que, entre otros aspectos, destaca por reconocer el carácter intelectual de los trabajos de ingeniería, anteponiendo de este modo los criterios de calidad al precio. Además, esta directiva permitiría introducir de nuevo en la legislación española el concepto de “oferta económicamente más ventajosa”, en lugar de “oferta más barata”, lo que implica que el precio seguiría estando presente en la decisión de adjudicación, pero ya no como factor determinante, “por lo que permitiría poner fin a la ingeniería low cost”, afirman fuentes de Fidex.

Según la patronal de ingeniería, el caso húngaro “es fiel reflejo de cómo se hacen las cosas en la mayoría de los países europeos y de cómo se deberían hacer en España”. Así, la nueva ley de contratación pública de Hungría entró en vigor el pasado 1 de noviembre tras ser aprobada en el Parlamento. Esta ley, entre otros aspectos, prohíbe expresamente la adjudicación por precio en ciertos supuestos, respetando escrupulosamente lo que propone la directiva comunitaria. Además, en aquellos casos en los que el precio sí pueda intervenir, su peso nunca puede superar el 50% del total de puntuación asignada, exactamente lo contrario a lo que dice la legislación española, donde el peso del precio debe superar siempre este umbral.

“De este modo, Hungría evitará legalmente lo que viene ocurriendo en estos últimos años en España, donde convertirse en una ingeniería low cost garantiza al menos 70 de los 100 puntos para llevarse un contrato público, que es la única manera de poder trabajar para la Administración”, aclaran desde Fidex.

Para Fernando Argüello, director general del Foro para la Ingeniería de Excelencia, pareciera que “España no quiere evolucionar, sino que prefiere la involución. Desde los años 70 se han producido hasta cinco cambios legales en los que, a contracorriente de lo que se hace en Europa, han ido desapareciendo los criterios de calidad, contratando la ingeniería con idénticos criterios a cualquier otro contrato de servicio sin contenido intelectual, como los transportes o la limpieza de edificios”.