El Gobierno apuesta por la rehabilitación y regeneración y renovación urbanas

Garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada y paliar la situación de personas y hogares con dificultades para acceder a una vivienda o para afrontar sus deudas hipotecarias, mejorar el estado de conservación, la accesibilidad, la calidad, la sostenibilidad y la eficiencia energética del parque de viviendas, así como contribuir a la reconversión y reactivación del sector de la construcción. Con estos objetivos, el Ministerio de Fomento presentó el pasado viernes, 5 de abril, al Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (2013-2016) que, junto con la nueva Ley de Fomento del Alquiler, conforman el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 y suponen un cambio de modelo en la política de vivienda.

La nueva Ley demuestra la apuesta del Ejecutivo español por el fomento de la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas para propiciar una reactivación sostenible del sector de la construcción, unos edificios más seguros y una mejora de la eficiencia energética.

Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas Según indican desde Fomento, la nueva ley establece mecanismos que permitirán poner en práctica desde las operaciones más sencillas, que afectan a la rehabilitación de un edificio, a las más completas, que van desde la regeneración de tejidos urbanos ya existentes a la reurbanización de zonas más amplias dentro de las ciudades.

“Estas operaciones contribuirán al fomento de la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificación como en el suelo, y acercarán nuestro marco normativo al marco europeo, sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia y ahorro energéticos”, aseguró la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la presentación del proyecto de Ley.

El nuevo texto legal cuenta con novedades relevantes para el sector, tales como la configuración del deber de conservación como uno de los deberes fundamentales relacionados con el medio urbano, y, por tanto, su regulación con carácter uniforme, en el marco de las condiciones básicas de igualdad que al Estado compete establecer; la regulación básica de un Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), que trata de superar las insuficiencias de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), demandada por el Estado a partir del Real Decreto-ley 8/2011; la ampliación de las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas, para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con las operaciones de rehabilitación; el establecimiento de mecanismos que permitirán obtener financiación externa para que la rehabilitación sea más accesible; y la modificación de determinados regímenes de unanimidad o mayorías establecidos por la Ley de Propiedad Horizontal.

Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-1016
El plan, que complementa a las dos leyes citadas, tiene por objeto buscar la máxima rentabilidad con los recursos disponibles, a través de la concesión de ayudas al mayor número posible de ciudadanos, y facilitar una vivienda digna a los colectivos más desfavorecidos. Así, las personas afectadas en los procedimientos de desahucios tendrán preferencia en el acceso al programa de ayuda al alquiler.

El plan pretende además dinamizar la economía y fomentar la generación de empleo. La puesta en marcha del nuevo plan se estima que supondrá en cuatro años la creación de 105.000 puestos de trabajo.

El presupuesto del plan para todo el período de vigencia es de 2.421 millones de euros, que se reparten entre los siete programas que lo conforman, los 100 millones de euros de la Línea Idae y el Proyecto Clima.