Aragón incentiva inversiones por valor de más de 2.000 millones de euros en renovables

El gobierno de Aragón, a instancias del Departamento de Economía, Industria y Empleo, ha aprobado recientemente, en sesión celebrada por su Consejo de Gobierno, el Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.

Este decreto supone, según el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, un gran avance al desatascar y resolver definitivamente una situación que había paralizado el desarrollo de parques eólicos en Aragón durante casi un lustro. La administración autonómica, mediante la nueva norma, tramitará cualesquiera proyectos de parques eólicos que se presenten y autorizará todos aquellos que, no generando afección eólica a proyectos anteriores, obtengan permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución por parte de sus respectivos operadores, ya sea Red Eléctrica de España u otro.

El objetivo del gobierno de Aragón con la aprobación de este Decreto Ley, mediante el cual se ejecutan todas las sentencias dictadas hasta la fecha en esta materia, es proporcionar un marco jurídicamente seguro para unas inversiones que, según datos del sector, suponen un millón de euros por megavatio instalado. En definitiva, alrededor de 2.000 millones de euros en todo Aragón.

Aplicando estrictamente los criterios objetivos resultantes de las sentencias, la nueva norma identifica los proyectos que podrán solicitar de inmediato su tramitación administrativa, viendo así protegida su concreta ubicación en el territorio frente a otros proyectos durante un plazo máximo de diez años.

Pero, además, la norma permite también a los titulares de las instalaciones a las que se referían las resoluciones administrativas anuladas por los tribunales, si así lo desean, impulsar sus proyectos, siempre que sean compatibles con los primeros, durante un plazo de dos años. La promoción de todas estas nuevas instalaciones, además, se hará en el nuevo contexto regulatorio establecido por el Estado que, mediante el Decreto-ley, se implanta con las debidas garantías de seguridad jurídica en Aragón.