Cataluña, Madrid y País Vasco, las CCAA que mayor esfuerzo inversor demuestran en rehabilitación

Cataluña, Madrid y País Vasco, seguidas muy de cerca por Aragón y Andalucía, son las comunidades autónomas que mayor esfuerzo inversor realizan en materia de rehabilitación de edificios. Ésta es una de las principales conclusiones del último informe del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) que, coordinado por Fundación Conama y Green Building Council España (GBCe), se presentó este martes, 18 de octubre, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Coam).

En el trabajo, realizado por Albert Cuchí e Ignacio de la Puerta, se muestra la situación de la rehabilitación de edificios en las distintas comunidades autónomas, mostrando sus principales líneas de actuación y el estado actual de su desarrollo, así como las principales barreras y problemas comunes que se han detectado para el crecimiento del sector en cada una de ellas o los puntos clave para armar políticas de futuro en este ámbito. El diagnóstico se ha realizado tras diversas reuniones de trabajo con los directores generales de Vivienda de las CCAA, así como un cuestionario remitido y contestado por 16 de ellas.

Inexistencia de una estrategia global

Los coautores del informe, Albert Cuchí e Ignacio de la Puerta, incidieron durante la presentación en el hecho de que las políticas de rehabilitación de edificios que llevan a cabo las comunidades autónomas “no responden a estrategias globales de intervención sobre el parque edificado, sino que aún se apoyan sobre un modelo tradicional de gestión de los recursos”.

Además, el informe revela que las políticas de rehabilitación de las comunidades no guardan conexión con las estrategias de ámbito estatal y que deberían ir acompañadas de una hoja de ruta que responda a objetivos específicos de calidad, que establezca plazos concretos y considere los recursos necesarios para llevarla a cabo.

El análisis comparado por comunidades autónomas de las condiciones del parque residencial, en el que se detalla desde el número de viviendas existentes en cada una de las 16 comunidades autónomas estudiadas hasta su relación con la población de las mismas, permite concluir que el ranking de las viviendas más antiguas (construidas antes de 1980) está encabezado por el País Vasco, Cataluña, Aragón y Madrid, “precisamente las comunidades que, junto con Andalucía, las más esfuerzo inversor realizan en materia de rehabilitación de edificios”, advirtieron.

En este sentido, Albert Cuchí afirmó que este factor de la antigüedad de buena parte del parque de edificios residenciales “permite suponer carencias significativas en el ámbito de la eficiencia energética, que es uno de los objetivos de mejora que debe adquirir el parque para cumplir con los objetivos que las directivas europeas exigen”.

Condiciones sociales y vivienda

Pero además de la antigüedad del parque edificado, el informe del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación presta atención a las condiciones sociales de cada comunidad, su porcentaje de riesgo de pobreza energética y su capacidad de intervenir sobre el parque edificado. Así, como destacó Ignacio de la Puerta, es evidente que “la capacidad de los hogares para hacer frente a los costes de la rehabilitación se ha deteriorado con la crisis y, para un porcentaje significativo de la población, los costes de la energía de los hogares ya son excesivos”.

Las diferencias de renta -y de su distribución interna- entre las comunidades autónomas revelan que estos problemas no están directamente correlacionados con la severidad climática. De hecho, comunidades autónomas como Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía manifiestan un mayor porcentaje de hogares con temperaturas inadecuadas que Castilla-León, Madrid o Aragón.

Cataluña, única excepción

El trabajo realizado concluye que excepto Cataluña, con la Estrategia Catalana de Renovación Energética de Edificios (Ecree), el resto de comunidades autónomas no dispone de una estrategia propiamente dicha (con objetivos, líneas estratégicas y su correspondiente plan de acción), sino de convocatorias de ayudas o planes a corto plazo y con objetivos genéricos.

Del informe, patrocinado por Ursa, European Climate Foundation y Fundación La Casa que Ahorra, también se pueden extraer otras interesantes conclusiones, como el porcentaje de ayudas públicas destinado a rehabilitación de edificios en cada comunidad o la relación entre la inversión pública y el número de edificios y viviendas rehabilitados.