El Gobierno lanzará un plan de rehabilitación de viviendas de dos años de duración, que supondrá movilizar una inversión de unos 2.000 millones de euros, generando cerca de 220.000 puestos de trabajo, según las estimaciones del Ejecutivo, que también tratará de ampliar el parque público de vivienda, uno de los objetivos que se marcó la cartera que dirige José Luis Ábalos ya antes de la crisis del coronavirus, y que se ha vuelto “más urgente” tras la actual pandemia. Esta iniciativa generaría cerca de 150.000 puestos de trabajo. En total, unos 370.000 empleos en dos años si ambos planes ven la luz, según los cálculos gubernamentales.
El programa aspira a multiplicar por cuatro el número de pisos que se reforman al año en España, de forma que ascienda a unos 120.000 anuales, frente a los cerca de 31.000 actuales, según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Así lo explicó el pasado martes el secretario de Estado de Transportes y Movilidad, Pedro Saura, en el Executive Fórum sobre ‘La movilidad y la agenda urbana en tiempos del Covid-19’.
El objetivo del proyecto es doble: por un lado, mejorar la situación del parque de viviendas, favoreciendo la transición verde gracias al desarrollo de la eficiencia energética. Por otro lado, contribuir a atajar la crisis impulsando uno de los segmentos del sector de la construcción que más “efecto tractor tiene” en cuanto a generación de empleo y actividad económica.
El plan contemplará tanto obras de rehabilitación por parte de particulares como grandes proyectos de regeneración y renovación urbana “a gran escala e integral de barrios”, según detalló Saura en declaraciones recogidas por Europa Press. En este sentido, aseguró que su departamento tiene ya diseñados dos modelos de contrato de concesión, consensuados con Hacienda y la UE, para recuperar este tipo de contratación y levantar financiación privada de forma segura y con un “equilibrado reparto de riesgos”.
Se trata de uno de los programas que formarán parte del ‘Plan de Inversiones y Reformas 2020-2022’ que el Gobierno de España planteará a la Unión Europea con la intención de captar ayudas procedentes del Fondo europeo de Reconstrucción nacido de la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19. De este fondo, se espera que España pueda obtener hasta 140.000 millones de euros.
A pesar de la confianza en recibir unos 140.000 millones de euros del plan de reconstrucción de la UE, el Gobierno asegura que deberá contar con una “importante participación” de la inversión privada, especialmente en la ejecución de programas como los relacionados con la vivienda, indicó el ‘número dos’ del Ministerio de Transportes durante su intervención en el Executive Fórum.
Valoraciones positivas del sector
Pedro Parra, coordinador de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr), en un vídeo divulgado en RRSS, valora muy positivamente las consecuencias de esta iniciativa del Gobierno, pues “supone un espaldarazo a la actividad del sector de la rehabilitación y la reforma, y a la creación de empleo, como motor de impulso de la reactivación de la economía para el país”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) considera que los 2.000 millones de euros que se movilizarían durante los próximos dos años evitarían el previsible desplome de la actividad en construcción, “ayudando a mantener el empleo y fomentando la confianza en la economía”. También equilibrarían el volumen de negocio del sector de los materiales de construcción, en el que tras el verano se espera “un fuerte debilitamiento de la demanda de obra nueva, tensiones de impagos como adelantan las aseguradoras de riesgo y una caída de las actuaciones de rehabilitación”. No obstante, la patronal pide unificar criterios a la hora de conceder las ayudas a la rehabilitación.
A su vez, Andimac señala que el plan permitiría rejuvenecer el parque de viviendas en España, que actualmente avejenta a un ritmo del 1,8% anual, mientras la rehabilitación edificatoria afecta únicamente al 0,15 % del mismo, dando lugar a un “lento y peligroso proceso de obsolescencia edificatoria que puede tener graves repercusiones sociales y económicas”.
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