En el quinto aniversario del Acuerdo de París, el Observatorio de la Sostenibilidad y AIS Group han considerado interesante analizar el comportamiento en cuanto a emisiones de CO2 de las 17 comunidades autónomas (CCAA) y las dos ciudades autónomas, con el fin de señalar la importancia de las actuaciones a escala regional y local para solucionar la emergencia climática.
Para ello, han analizado las tendencias de las emisiones de las diferentes CCAA, elaborando algunos rankings significativos con el fin de luchar contra este objetivo común. El informe pretende responder a estas preguntas:
⦁ ¿Cuáles son las CCAA que más gases de efecto invernadero han emitido desde que existen datos?
⦁ ¿Cuáles son las CCAA que más han reducido sus emisiones? ¿Y las que más han aumentado?
⦁ ¿Qué ciudadanos pertenecientes a una autonomía emiten menos CO2 per cápita? ¿Y los mayores emisores?
⦁ Parte de las emisiones se deben a sectores fijos -incluidos en el Régimen de Emisiones- (energía, cementeras, industria, etc.) o difusos -no incluidos en el Régimen de Emisiones- (transporte, calefacciones, agricultura, etc.) ¿Cuál es el porcentaje fijo y difuso de cada autonomía?
⦁ Si quitamos las emisiones fijas (que normalmente son decisiones ya tomadas por la administración central), ¿cuál es la comunidad autónoma que más emite? ¿Y cuál ha reducido sus emisiones? ¿Y la que menos ha reducido? En ese caso, ¿cuál es la emisión per cápita?
⦁ Las emisiones de gases de efecto invernadero ya han tenido su ‘pico’ y a partir de ese momento se estima que van a reducirse, por ello es importante preguntarse ¿Cuál ha sido el año máximo de emisiones o ‘pico’ de las emisiones de cada CA?
⦁ ¿Cuál es la economía regional que utiliza más CO2 en relación a su Valor Bruto Añadido? Preguntado de otra forma, ¿cuál es la economía regional que debe descarbonizarse más?
Conclusiones y rankings
Cabe destacar que los datos hasta 2018 proceden del Mitecord y los de 2019 han sido estimados, si bien la parte de las emisiones de los sectores sometidos al mercado de emisiones que se llaman ETS (European trading Scheme) o sectores fijos proceden del Registro Nacional de Emisiones.
⦁ Las CCAA que más han emitido en valores absolutos han sido Andalucía y Cataluña, que suponen un 14% del total emitido, seguidas de Castilla y León (10%), Galicia (9%), Asturias (8%) o Comunidad Valenciana (7%). Las que menos Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura.
⦁ Las comunidades que más han reducido sus emisiones han sido Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón. Las que más han aumentado sus emisiones son Murcia, Navarra y Extremadura.
⦁ Con los datos disponibles a finales de 2020, entre 2018 y 2019 han aumentado sus emisiones Navarra, Región de Murcia y País Vasco.
⦁ Las CCAA que tienen más peso de emisiones de sectores fijos son Asturias, región de Murcia y Galicia, coincidiendo con las grandes emisiones de las centrales térmicas y el polo industrial de Escombreras de Murcia. En el otro extremo, Madrid, Extremadura y La Rioja.
⦁ Los mayores emisores per cápita son los asturianos, seguidos de los aragoneses y navarros, coincidiendo una vez más con las centrales térmicas de carbón y la industria pesada en zonas poco pobladas por lo general. Por contra, los menores emisores per cápita son los madrileños, valencianos y andaluces. Aunque es evidente que, sobre todo en el caso de Madrid, es donde se consume mayoritariamente la energía que se produce en regiones como Aragón, Asturias o Galicia.
⦁ En las emisiones difusas per cápita, se observa que los mayores valores se dan sobre todo en comunidades muy extensas con población más bien dispersa, con los máximos en Castilla y León, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. Y la que menos, Madrid.
⦁ Respecto a las emisiones por unidad de PIB, se observa un máximo absoluto muy destacado en Asturias, donde se alcanza un valor de 1,39 t eq de CO2, por cada 1.000 € de PIB. Debido al uso de carbón y la especialización de la comunidad en la producción energética, mientras que en el polo opuesto se encuentra Madrid, con solo 0,11, muy por debajo de las demás comunidades.
⦁ El pico de las emisiones se dio en España en 2007, año en que ascendieron a 354 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Las CCCAA que más tarde disminuyeron sus emisiones fueron Murcia y Baleares. Y las que primero tuvieron el pico de emisiones fueron Galicia, Navarra y Canarias en 2005. Todavía en 2019 seguían aumentando algunas CCAA.
⦁ Es seguro, según el informe, que en 2020 habrán caído todas las emisiones de las CCAA debido a la Covid-19, incluso con porcentajes mayores de un 7,6%, que es el porcentaje necesario para llegar al 2050 con cero emisiones. El reto para los próximos años es reducir las emisiones, pero sin reducir el bienestar de la población.
Como explican los autores del estudio, “se puede aducir que las políticas energéticas e industriales pueden venir dadas por decisiones del Gobierno Central, sobre todo en el caso de la política energética, donde las decisiones se han tomado desde una óptica centralizada. Pero el importante grado de descentralización del país permite que los distintos territorios tengan cada vez mayor poder de decisión para contribuir a la lucha contra el cambio climático”.
Recomendaciones en el marco de una visión de futuro sostenible
⦁ Las CCAA tienen competencias claves para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus territorios y deben ejercerlas para marcarse objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y, en definitiva, de descarbonización.
⦁ Se deben establecer responsabilidades diferenciadas entre las CCAA en lo que respecta a las decisiones que pueden tomar sobre su propio territorio para establecer aportaciones equivalentes en cuanto a su aportación al calentamiento de la Tierra.
⦁ Se debe aumentar la rendición de cuentas y la coherencia en las políticas y, por supuesto, evitar las subvenciones a los combustibles fósiles, apostando de forma clara por las energías renovables y el autoconsumo.
⦁ Se trata de asumir sus responsabilidades para poner en marcha una agenda propia hacia la descarbonización. Además, las CCAA tienen una responsabilidad más directa sobre las emisiones de los sectores difusos.
⦁ En definitiva, si las CCAA son responsables en gran parte de las políticas de adaptación y compensación, deben asumir el liderazgo en la reducción de las emisiones y participar en la política energética y de transportes.
⦁ Sin duda los esfuerzos de las comunidades y ciudades pueden ayudar a marcar el comienzo de un movimiento de reducción de emisiones. Estos esfuerzos se trasladarán sin duda a escala global y podrán ayudar a evitar un colapso completo en los sistemas climáticos de la Tierra.
⦁ El impacto acumulativo de muchas políticas de las CCAA (apuesta por renovables, cambios de modelo de transporte, tejados solares, etc…) y ciudades pueden permitir el avance hacia un futuro más sostenible y que permita una mayor calidad de vida a todos los ciudadanos.
Esfuerzo necesario
Fernando Prieto, del Observatorio de la Sostenibilidad, manifiesta que “el pico en las emisiones ya se ha producido en España y en todas las autonomías”, pero considera que “es necesario hacer un esfuerzo en todas y cada una de las administraciones para descarbonizar sus territorios, así como todas las actividades que existen que sean todavía contaminantes en esta década clave 2021-2030”.
Por su parte Agustí Amorós, de AIS Group, señala el “importante compromiso de la UE para elevar del 40% al 55% la reducción de emisiones en 2030 y la necesidad de sistemas de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas en los procesos de reducción de emisiones”. En este sentido, con el objetivo de cuantificar los indicadores de cambio climático y desarrollo sostenible, a escala local y regional, las dos organizaciones, junto a Esri España, han lanzado la herramienta ODS Maps.
Comop concluyen los autores de este informe, en la próxima COP26 de Glasgow se volverá a ver la gran responsabilidad de los gobiernos regionales y locales en la adopción de compromisos para conseguir estas imprescindibles reducciones, y en el aumento de la exigencia por parte de la sociedad a los gobiernos a los que solicitarán una mayor ambición climática basada en datos: “Las CCAA tienen una importante responsabilidad en las emisiones de su territorio, tanto para desarrollar sus propios planes y políticas de reducción como para desarrollar las renovables, incentivar el autoconsumo, compra pública desde la Administración, aumentar las exigencias a empresas en contratos públicos, etc.”.
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