La jornada “Lecciones aprendidas de las subastas renovables” celebrada este martes, 9 de febrero, ha sido el marco en el que el director general de Appa Renovables, José María González Moya, ha reclamado la publicación del calendario de futuras subastas, que “deben ser específicas por tecnologías; lo contrario nos llevará a una acumulación de proyectos que podrían dificultar la operación y gestión del sistema y, de seguir esta dinámica, podrían provocar desequilibrios indeseados en el mercado”. La jornada, que reunió a más de 350 profesionales, contó con la inauguración del director general de Política Energética y Minas, Manuel García, y el presidente de Appa Renovables, Santiago Gómez Ramos.
La adjudicación, el pasado 26 de enero, de 3.043 MW de potencia renovable a un precio de 24,47 €/MWh (un 43% por debajo de la estimación del mercado) fue analizada en el marco de este encuentro por profesionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; el operador del mercado Omie; consultoras como Afry, Monitor Deloitte y PwC; y entidades del sector financiero como AtZ Financial Advisors, el fondo Marguerite y el Banco Sabadell.
En opinión del director general de Appa Renovables, “el precio que se ha ofertado, muy por debajo de otras subastas de nuestro entorno, nos muestra que existen estrategias que van más allá del estricto criterio de coste de generación y que harán necesario velar en futuras subastas por la puesta en marcha de los proyectos y un adecuado retorno de la inversión, momento en el que podremos decir que ha sido un éxito”.
Subastas específicas por tecnologías y por tamaño
Durante su intervención, González Moya volvió a reclamar al legislador la necesidad de establecer subastas específicas por tecnologías. “Más allá de una cuestión de precio, debemos entender que las tecnologías renovables son complementarias entre sí debido a sus diferencias. Y precisamente por estas diferencias, no tiene sentido la celebración de subastas tecnológicamente neutras, porque al establecer como mayor peso el precio ya estamos negando su neutralidad”, argumentó el director general de Appa Renovables.
Adicionalmente a la reclamación de subastas por tecnologías, desde Appa Renovables se ha defendido la necesidad de diferenciar los proyectos según el tamaño. “No debemos dejar que las plantas fotovoltaicas de 200 MW saquen del mercado a proyectos que hoy llamamos pequeños y que hace una década nos parecían desproporcionados. Beneficiarnos de las economías de escala no debería estar reñido con hacer partícipes de la transición energética a todo nuestro entramado empresarial, independientemente de su tamaño”, defendió González Moya.
Distinto comportamiento en cada tecnología
En opinión de Appa Renovables, el resultado de la subasta puede resultar engañoso al ver la similitud de los precios adjudicados a la tecnología solar y eólica. El precio adjudicado a la eólica fue de 25,31 €/MWh y estuvo influenciado por la baja oferta del agente que se adjudicó más de 60% de la capacidad eólica asignada. La mayor parte de la oferta eólica marcó precios bastante superiores. El precio del cupo inicialmente reservado para la fotovoltaica (1 GW), bastante más repartido, fue de 22,29 €/MWh, lo que supone más de 3 €/MWh por debajo que la potencia reservada para la eólica. “Esto no hace más que confirmar que es necesario tener el valor de las tecnologías y no solo el precio, siendo la aportación al suministro eléctrico de ambas tecnologías totalmente distinto”, apuntan desde la asociación.
La subasta abre también la puerta a una desvinculación entre las unidades de generación eléctrica y el precio marcado por el mercado, “algo que podría ser extrapolable, en el futuro, a otras tecnologías”. La existencia de adjudicaciones parciales (pocos kilovatios) que afectan a proyectos que, en su mayoría, irían a mercado, fue comentada también a lo largo de la jornada.
Desde la asociación se defiende la igualdad a la hora de tramitar los proyectos, sean estos correspondientes a las subastas, a los que se desarrollen con contratos PPA o plantas que acudirán directamente a mercado, mostrándose contraria a que los adjudicatarios de las subastas dispongan de prioridad en su tramitación, “algo que iría en contra de la libre competencia”.
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