El Senado estudia la ILP presentada por Asece para pedir una auditoría del sistema eléctrico

Diagnosticar la ingeniería contable y regulatoria del sistema eléctrico y precisar qué partida económica es la causante del déficit de tarifa es el principal objetivo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (Asece) y que, tras haber pasado el trámite preceptivo de la Mesa del Congreso, está siendo estudiada por el Senado. Una vez regrese a la Cámara Baja y sea publicada en el Diario de Sesiones, Asece comenzará la recogida de las 500.000 firmas necesarias para respaldar la iniciativa, ya convertida en Proposición de Ley, según explicó ayer, 11 de diciembre, en rueda de prensa el presidente de la asociación, Adrián Sánchez Molina.

En este sentido, ante el reto que supone la recogida de las firmas preceptivas para exigir esta auditoría de los costes del sistema eléctrico, Sánchez Molina se mostró optimista: “Estamos convencidos, seguros; de hecho, garantizamos que no solo se conseguirán las 500.000 firmas, sino que se sobrepasarán en el plazo establecido”.

Asece ha decidido poner en marcha esta iniciativa debido a “la inacción de los representantes políticos” para atajar el creciente desequilibrio entre gastos e ingresos que supuestamente afecta al sistema, el conocido `déficit de tarifa´, cuya existencia ha sido generalmente aceptada a pesar de que no se ha demostrado ni cuantificado de forma objetiva.

Sin auditoría no hay déficit de tarifa
“Quien crea que el déficit de tarifa existe sin tenerlo acreditado mediante una auditoría probablemente está confundido. El sector eléctrico, con un déficit de tarifa tan cuestionable, no puede continuar con la opacidad existente en los costes reconocidos y en cómo se distribuyen los ingresos entre los agentes del sector”, explicó el presidente de Asece.

Precisamente, el autor de la ILP ha señalado a la relación entre las compañías eléctricas encabezadas por Unesa y la Administración como la verdadera causante de la opacidad del sistema y, consecuentemente, del supuestamente desorbitado déficit de tarifa. “Los precios no son determinados únicamente por el mercado, sino que también dependen del poder económico y de la influencia que un número reducido de empresas puede ejercer sobre la Administración Pública y sobre los políticos que la integran convirtiéndolos en directivos de sus juntas de Administración”, denunció el responsable de Asece.

En esta línea, Sánchez Molina criticó la falta de objetividad y transparencia por parte de la Administración a la hora de gestionar el sistema eléctrico y llamó la atención sobre el mensaje distorsionado que desde las compañías eléctricas se lanza a los ciudadanos acerca del origen y la cuantía de dicho desequilibrio. Y es que, según el máximo responsable de Asece, “las eléctricas distorsionan la realidad, intentan persuadir a la sociedad de que su contabilidad se está viendo perjudicada y de que este hecho desequilibra el sistema y pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico”.

En opinión de Sánchez Molina, “estamos ante una amenaza: amenazan a los ciudadanos con la idea de que sus cuentas deficitarias -a pesar de tener beneficios millonarios- nos van a llevar a la pobreza energética. Este relato carente de sentido debe ser erradicado de inmediato porque únicamente pretende crear un problema que no existe hasta que no se demuestre”. El representante de Asece añadió que “lo que las propias eléctricas han bautizado como déficit de tarifa queda suspendido temporalmente mientras no exista un marco normativo que regule la auditoría del mismo”.

Objetivos de la ILP
Bajo el título Proposición de Ley de la Auditoría del Déficit del Sector Eléctrico, la iniciativa presentada por Asece pretende, además, determinar si es necesaria una nueva ley del sector eléctrico como la que actualmente se está tramitando y debatiendo en las Cortes, aunque “el diálogo y el debate ya está sentenciado antes de haberse realizado”.

Otro objetivo de la ILP es “acabar con el reparto arbitrario de los ingresos generados por la venta de electricidad”, según afirmó Sánchez Molina durante su comparecencia ante los medios de comunicación, para añadir que “este modelo propicia que cuando se produce un desequilibrio, como supuestamente es el déficit de tarifa, se culpe de ese desfase a determinadas tecnologías que en realidad no son las causantes de esta circunstancia”.

Por último, Asece lamentó que se esté “vulnerando la Constitución al no permitir a los ciudadanos conocer la situación económicocontable” de las compañías eléctricas, que “siguen exigiendo una deuda con la sociedad que los ciudadanos ya no se creen”. Por ello, Sánchez Molina concluyó su intervención pidiendo “un esfuerzo institucional que garantice el análisis de los mecanismos que permiten a las eléctricas disfrutar de una exquisita vida económica a costa de empeorar la de los ciudadanos y empresas de España”.