España representa en la actualidad menos del 10% de los ingresos de las grandes ingenierías españolas

España representa en la actualidad menos del 10% de los ingresos de las grandes ingenierías españolas. “Escaso peso debido a la caída de la inversión pública, a la limitación del mercado privado y a las subastas en la contratación de ingeniería”, según explican desde el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), que agrupa a las 11 principales ingenierías españolas. Con vistas a poder aumentar el volumen de actividad en nuestro país, Fidex ha pedido al Ministerio de Fomento una serie de cambios, entre ellos el uso del concurso restringido para la contratación de ingeniería.

Este procedimiento de contratación es precisamente el que utiliza la Unión Europea en sus contratos en acciones exteriores y, de hecho, siempre lo ha recogido la Ley de Contratos del Sector Público en España, “pero tradicionalmente ha sido el menos utilizado”, apuntan. Desde Fidex se propone que se utilice como algo común y no excepcional, y en contratos de más de 300.000 euros, como propone la Comisión Europea.

¿Qué es el concurso restringido?

Cuando se trata del concurso restringido, la diferencia más evidente respecto a otros procedimientos de contratación es que hay dos fases (selección y adjudicación), evitando así tener que analizar con detalle y profundidad 40-50 ofertas, algo inviable en la práctica.

En concreto, hay una primera fase de selección, que es de libre concurrencia, en la que de acuerdo a criterios puramente objetivos se selecciona a entre cuatro y ocho empresas como las más idóneas. Aquí se analizan aspectos económicos, financieros, técnicos y profesionales, es decir, desde la solvencia económica hasta los recursos humanos y técnicos siempre apropiados al trabajo que hay que realizar.

Según explican fuentes de Fidex, en esta etapa las administraciones también pueden valorar mejor a las empresas que tienen empleo fijo, a las que dedican esfuerzos a la formación y a la innovación, a las que tienen actualizados sus sistemas de control de calidad o medioambiental, a las que tienen implantado un sistema de gestión de la integridad; incluso pueden tener en cuenta la cartera de trabajo ya existente con el organismo, racionalizando de forma transparente el reparto de oportunidades.

Otro aspecto a tener muy en cuenta, entre otros muchos, es la experiencia previa en proyectos similares al que se licita. “Todo esto supone que, por supuesto, no tienen por qué ser las empresas más grandes las seleccionadas para competir por ese trabajo, sino que se buscan a las más idóneas para cada proyecto concreto”, subrayan.

Posteriormente, en la segunda fase, las empresas seleccionadas presentan ofertas y un comité de expertos valora las ofertas técnicas, para que finalmente el contrato se adjudique a “la oferta económicamente más ventajosa”, es decir, la que mejor relación calidad-precio presenta. Esto se obtiene de ponderar la puntuación técnica y la económica, otorgando a la calidad un peso de 80 puntos y al precio, 20.

Un reparto de la puntuación precisamente en línea con lo que propone la Comisión Europea y defiende Fidex, que pide la preponderancia de los aspectos técnicos sobre el precio al adjudicar, un precepto que la nueva Ley de Contratos del Sector Público debería reflejar. “Se acabaría así con las subastas de ingeniería a las que se han visto sometidas las empresas privadas en estos últimos años, y que en el caso de las grandes compañías les ha llevado a ir dejando de lado el mercado nacional, cediendo todo el peso de la actividad a los mercados internacionales”, aclaran.

Alternativas a la encomienda de gestión

Otra de las claves para aumentar la actividad en España de las empresas de ingeniería pasa, según Fidex, por limitar el uso de las encomiendas de gestión, “que tanto constriñe el mercado en nuestro país”. En concreto, Fidex pide al Ministerio de Fomento que, con vistas a aumentar el volumen de licitación pública, en vez de recurrir a Ineco para hacer frente a todas las actuaciones urgentes, se utilicen contratos marco.

Se trata de un contrato entre la Administración y la empresa privada, que se adjudica mediante licitación pública. Su objetivo no es la ejecución de un trabajo concreto, sino rubricar el compromiso entre las dos partes para la ejecución de trabajos que surjan a lo largo de un determinado tiempo y hasta un cierto importe total. Cuando la entidad pública tenga una necesidad concreta, acudirá a esa ingeniería para que lo haga.

Según el director general de Fidex, Fernando Argüello, “no se trata solo de limitar el papel de Ineco en el mercado nacional, sino además evitar que compita en licitaciones internacionales contra empresas españolas, porque esto no es coherente con su vocación de servicio público. Y parece que en los últimos tiempos está cumpliendo y se ha retirado de concursos al comprobar que había consorcios españoles en ellos. Éste es el camino a seguir”.