La propuesta de reforma de la norma contra incendios “devalúa más la seguridad de la edificación”

La Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (Adeces), la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL), la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) y la Unión de Consumidores de Cataluña (UCC) se han dirigido al ministro de Fomento para mostrar su preocupación y llamar su atención en torno a la propuesta de actualización del Documento de Seguridad en caso de Incendio elaborada por los técnicos del ministerio y que, según estas asociaciones, “es un paso más en la devaluación de las exigenciasen la materia”.

Según denuncian, esta actualización permitiría, en caso de aprobarse, que más del 80% de los inmuebles empleasen materiales y soluciones más combustibles y peligrosas. Este aspecto resulta especialmente relevante, tal y como señala la propuesta, a tenor de “los efectos que sobre las fachadas podrían tener las nuevas exigencias reglamentarias de eficiencia energética”; no en vano, el 93% de las viviendas están construidas antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), “con poca o ninguna exigencia térmica, por lo que son susceptibles de ser rehabilitadas”, subrayan.

La tendencia a devaluar las exigencias, en opinión de estas asociaciones, comenzó con la actualización del Documento de Seguridad en caso de Incendios (DB SI) en 2011. Con anterioridad, desde 2006, la norma española estaba alineada con las más exigentes, permitiendo el uso de productos clase A (A1, A2) -productos que no contribuyen al incendio en ninguna fase o no lo hacen de forma significativa ni aportan carga al fuego- o B -productos combustibles, los hay hasta F, con potencial energético creciente-.

Ahora, la propuesta de 2018, “bajo el pretexto de una ausencia de regulación, pretende permitir el uso de materiales aislantes combustibles y acabados exteriores de clase D en edificios de hasta 18 m de altura, el 80% del parque inmobiliario. Es decir, solo dos letras por encima de la peor clasificación posible (F)”, apuntan desde Adeces.

Asimismo, en relación con la producción de gotas se exige, en esta nueva propuesta d0, frente a la d2 anterior, que era la peor clasificación posible. “Una exigencia que ya contemplaban todos los países a excepción del Reino Unido que es la fuente de nuestra regulación y que está pendiente de revisar su normativa después de la tragedia de Grenfell”, añaden.

Regulación positiva pero insuficiente

Con esta nueva actualización se regulan para edificios de más de 28 m los acabados exteriores (B-s3, d0) y los aislantes a emplear, exigiéndoles una clasificación A2-s3, d0. Aunque la regulación de los edificios de más de 28 m es positiva, “el conjunto de la propuesta ahora en estudio, al igual que la regulación vigente, es peor que la de otros países (salvo en el caso de la gotas), ya sea por la altura a partir de la que se aplica, por la regulación de los humos (s3) o por la combustibilidad de materiales y acabados permitidos, hasta D”, según las asociaciones denunciantes.

En este sentido, Francia, Suecia y Finlandia exigen A2 para todas las alturas con carácter general; los nórdicos mejoran los humos hasta s1 y Portugal también los mejora hasta s2. Reino Unido es A2-s3, d2, pero a partir de 18 m y no de 28 m como hace la norma española.

Para las asociaciones citadas, resulta incomprensible que, abordando la mejora de la clasificación de las gotas y equiparándola a los países más exigentes, no se equipare también la combustibilidad (que incluso empeora para la mayor parte de la edificación), ni se mejoren los humos, sobre todo teniendo en cuenta que son responsables del 75% de las muertes en caso de incendio.

Finalmente, a juicio de las asociaciones mencionadas, es preciso señalar que “esta devaluación permanente de la seguridad entra en el ámbito de la imprudencia”.