Un conjunto de medidas que pasan por las infraestructuras, la vivienda, la dimensión social del sector y la contribución al cambio climático

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) envía una batería de propuestas al nuevo Gobierno

La batería de propuestas elaborada por la CNC incluye medidas sensibles para toda la sociedad en su conjunto. La batería de propuestas elaborada por la CNC incluye medidas sensibles para toda la sociedad en su conjunto.

De cara a la elecciones del próximo día 10 de noviembre, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha enviado un documento a los principales partidos políticos en el que incluye una batería de propuestas sensibles para toda la sociedad en su conjunto, que pasan por las infraestructuras, la vivienda, la dimensión social del sector y la contribución al cambio climático.

1.- En el apartado de las infraestructuras, calificadas por la CNC como esenciales para el crecimiento económico, la competitividad, el bienestar social de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente, la confederación subraya que España no puede permanecer pasiva ante la falta de recursos presupuestarios suficientes, “pues la reindustrialización y modernización del país son objetivos prioritarios para preservar el desarrollo, la competitividad y el bienestar de los ciudadanos”. En su opinión, resolver lo anterior requiere la promoción de una inversión sostenida en infraestructuras, que mitigue el déficit de dotación de infraestructuras en determinados ámbitos y las carencias en su mantenimiento. En este sentido, se precisa:

• Aprobar un Plan de nuevas infraestructuras que prevea acometer, junto a las necesarias infraestructuras de transporte y movilidad -básicas para la movilidad y el equilibrio territorial- inversiones en los sectores del agua, la gestión de residuos, el medioambiente, la sanidad y la educación, y avanzar hacia un Pacto Nacional del Agua.

• Aprobar un Plan de conservación y mantenimiento de la red viaria ante el estado deficitario de parte de las infraestructuras viarias y el impacto que ello supone en el cambio climático (cada kg de CO2 invertido en conservación evita la emisión de 36 kg de CO2 procedentes del transporte por carretera).

• Desarrollar un modelo concesional y de colaboración público-privada eficiente que, de forma complementaria a los presupuestos públicos, dé respuesta a la necesidad de inversión en infraestructuras y servicios prioritarios pendientes.

2.- En cuanto al ámbito de la seguridad jurídica y máxima trasparencia en los procesos de contratación pública que los poderes públicos deben impulsar para garantizar la eficiencia y equidad del sistema, la CNC sostiene que:

• Los poderes públicos han de presevar de forma efectiva que los precios de los contratos se adecuen a los reales del mercado y que las ofertas seleccionadas sean las que presenten la mejor relación calidad-precio, como a lo largo de su ejecución, modificación y liquidación.

• En el procedimiento de clasificación de las empresas contratistas, en aras del cumplimiento del principio de seguridad jurídica y de una mayor transparencia en su actuación pública, es necesario una mayor accesibilidad al expediente y al instructor. Asimismo, se precisa que se aprueben unos criterios objetivos de interpretación de las normas sobre clasificación de contratistas, que faciliten el acceso de las pymes a la licitación pública.

• Es fundamental cumplir con el principio de eficiencia en el gasto público, evitando las cláusulas de los pliegos que no tienen relación con el objeto del contrato encareciendo y limitando la participación.

3.- Por lo que se refiere a la vivienda, la CNC defiende que ha de ser asequible y de calidad. Para ello: 

• Los operadores públicos y privados, de acuerdo con los legisladores, podrían estabilizar el sector, con una producción sostenida de viviendas abordando simultáneamente la modalidad de venta y la modalidad de alquiler, creando un parque razonable de viviendas a precios asequibles y gestionado con colaboración público-privada.

• Para posibilitar el desarrollo y ejecución de este parque edificatorio de vivienda social, es fundamental atraer a la inversión privada, para lo que es indispensable a su vez que las Administraciones Públicas pongan a disposición el suelo dotacional generado procediendo a su desbloqueo.

• Además, se debe aprobar una ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito urbanístico. Según recoge la CNC en el documento, las anulaciones por defecto de forma de planes de ordenación territorial y urbanística y la nulidad en cascada que conllevan del planeamiento de desarrollo e incluso de los actos de aplicación, aun habiendo transcurrido un dilatado periodo de tiempo entre la entrada en vigor de los planes y su anulación en los tribunales, provoca una crisis del sistema, que pone en riesgo la credibilidad del ordenamiento jurídico y menoscaba su seguridad.

• La vivienda requiere contar con una normativa que aporte mayor claridad y certidumbre a todos los actores intervinientes en el mercado.

4.- En el terreno de la rehabilitación del parque edificado, algunas de las medidas que, según la CNC, deberían introducirse en un Pacto de Estado sobre rehabilitación que apueste por la conservación y mejora del parque edificado existente, así como sus viviendas, con continuidad a través de las legislaturas, son:

• Facilitar, cuando sea posible y conveniente, el incremento de edificabilidad de los edificios para dar viabilidad técnica y económica a ciertos proyectos de rehabilitación.

• Posibilitar el crédito a comunidades de propietarios con entidades públicas que actúen como avalistas.

• Unificación de ayudas, trámites y criterios, a fin de lograr una mayor coherencia entre recursos disponibles y su gestión con las competencias de cada administración.

• El incremento del valor patrimonial del inmueble derivado de una actuación en rehabilitación integral no debe repercutir en valor de carga impositiva para el primer propietario y/o derechos de herencia/transmisión.

• Deducciones fiscales en los tramos estatal y autonómico del IRPF por inversiones en obras de rehabilitación edificatoria y reformas en el interior de viviendas.

• Ampliación del tipo de IVA reducido aplicable en la obra nueva a obras e instalaciones de reforma y rehabilitación de edificios para la mejora en la eficiencia energética o creación de un tipo de IVA reducido específico para aquellas actuaciones que mejoren la eficiencia energética, como ya sucede en países de nuestro entorno.

• Ampliación del tipo reducido del 10% al resto de agentes que intervienen en las obras de rehabilitación y reforma en el suministro de materiales de reforma y en la instalación y fabricación, con el fin de mejorar la eficiencia energética en los locales y viviendas.

5.- El apoyo de las políticas públicas al sector de la construcción, que en opinión de la CNC “presta un servicio esencial a la sociedad”, debería traducirse en:

• Apoyo al esfuerzo formativo que es necesario para llevar a cabo la modernización del sector, y la adaptación de sus empresas y trabajadores a las nuevas tecnologías y especializaciones.

• Apoyo a la formación que se requiere en el ámbito de la implementación de la construcción digital e industrializada a lo largo de la cadena de valor, tanto de los trabajadores como de las empresas del sector y los funcionarios responsables de los temas urbanísticos, de vivienda o de contratación, para que tenga lugar el adecuado desarrollo de las ciudades, necesario para el continuo aumento de población que se está produciendo.

• Apoyo a las dificultades que las empresas constructoras están teniendo a la hora de encontrar suficientes trabajadores con las habilidades y formación necesarias, a pesar de los altos niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes; para lo que es preciso fomentar la inversión en formación inicial y permanente, así como en programas de aprendizaje e implementar la certificación de la profesionalidad a través de la experiencia.

6.- Según la CNC, una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra y resiliente no puede lograrse sin la industria de la construcción. Por ello, es preciso:

• La mejora de la eficiencia energética, mediante la rehabilitación y regeneración urbana y la apuesta por la construcción sostenible y la industrialización del proceso constructivo; así como la incorporación de energías renovables. 

• Los edificios e infraestructuras nuevos y existentes deben poder hacer frente a fenómenos climáticos adversos. En este sentido, el último caso de “gota fría” (Dana) que ha azotado el Levante español, no es más que una muestra de lo que está por venir. Algunas de las medidas de protección frente a inundaciones en las ciudades que se pueden adoptar son:

 Mejora de la capacidad hidráulica de los sistemas de saneamiento unitarios.
 Inversiones para la construcción de sistemas de saneamiento separativos.
 Suministro alternativo de agua potable.
 Incremento de volúmenes de almacenamiento de agua potable.
 Gestión avanzada de activos: inversiones orientadas a renovar los activos con un índice de salud bajo (renovación de redes en mal estado).

• El cambio a una economía circular necesita acelerarse, porque los recursos naturales, muchos de los cuales se utilizan a menudo en construcción, se están agotando. Por un lado, la insuficiente inversión en I+D+i orientada a conseguir materiales más durables, con mayores prestaciones y menor consumo de recursos y; por otro lado, la falta de instalaciones de reciclaje, así como la rigidez y la demora en la aplicación de algunas normas, constituyen un obstáculo para una eficaz aplicación de los principios que rigen la economía circular.

• Al introducir objetivos obligatorios en la legislación sobre residuos y otras políticas pertinentes respecto a la economía circular, hay que tener en cuenta los impactos generados al transportar los residuos de demolición a las instalaciones de reciclado disponibles (a menudo situadas lejos del emplazamiento) y los beneficios reales del reciclado.

• Hay que tener en cuenta también que muchos edificios existentes contienen materiales que estaban permitidos en el momento de la construcción, que no pueden ser reciclados y que deben ser eliminados de forma segura.

• Debe promoverse la construcción con materiales reciclados, siempre que cumplan las principales prestaciones, desde el principal promotor de obras que tenemos en nuestro país, que es la Administración Pública.

7.- Por último, en relación a la coordinación y estabilidad política e institucional, la CNC subraya que conviene tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Las empresas requieren de certidumbre, estabilidad institucional y social y un horizonte temporal para la asunción del riesgo inherente a toda inversión o decisión empresarial.

• El diálogo entre asociaciones empresariales y sindicales vertebra y estructura la estabilidad económica e institucional, a la vez que da cumplimiento al papel que nuestra Constitución establece para nuestros agentes sociales.

• Por otro lado, la construcción es un sector que viene regulado y promovido desde distintos ministerios (Fomento y Transición Ecológica, principalmente); además las comunidades autónomas tienen la competencia en materia de vivienda, lo que a menudo dificulta la coordinación.

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