La falta de un modelo de financiación sostenible en infraestructuras viarias dificulta la movilidad y fomenta la desigualdad

El déficit de mantenimiento en infraestructuras viarias en España asciende a casi 7.000 millones de euros, requiriéndose 3.700 millones anuales para mantener el valor patrimonial de la red de carreteras en nuestro país (según el baremo del Banco Mundial). Asimismo, la inversión en carreteras se encuentra en niveles mínimos: en 2016 el nivel de inversión en carreteras fue menos de la mitad de lo que fue en 2009 (un 62% menos en términos relativos sobre PIB) e incluso un 34% inferior al registrado en 1986, según se recoge en el informe realizado por A.T. Kearney para Seopan “Hacia un modelo social y sostenible de infraestructuras viarias en España”.

De acuerdo con este estudio, las necesidades de inversión en infraestructuras de transporte en España ascienden a casi 65.000 millones de euros: más de 30.000 millones en movilidad -metro- y accesibilidad urbana -cercanías ferroviarias-, casi 25.000 millones en vías interurbanas, más de 7.000 millones en accesos viarios a ciudades y más de 2.000 millones en la red secundaria de carreteras. “Pero el déficit presupuestario y deuda pública, junto con un gasto social creciente, dificultan la adecuada atención de nuestras infraestructuras de transporte exclusivamente con fondos públicos”, afirmó Eugenio Prieto, presidente de Industria e Infraestructuras en A.T. Kearney durante la presentación del informe.

Para solventar esta situación -explica el estudio-, las economías europeas han desarrollado modelos de financiación y mantenimiento centrados en ingresos procedentes de sus usuarios y en inversión privada: en este sentido, más de 20 países europeos tienen tarificada el 100% de sus redes viarias de gran capacidad que supera los 62.000 km, mientras que España tiene actualmente tan solo el 18%. “La financiación de las carreteras por los usuarios proporciona a estos países importantes ingresos adicionales que se destinan al mantenimiento de las vías y a nuevas inversiones generando, además, un importante retorno fiscal a través del IVA”, afirmó Prieto.

Los ciudadanos, los grandes perjudicados

La actual falta de un modelo homogéneo de financiación de infraestructuras viarias en España dificulta la movilidad, “clave en el bienestar de los ciudadanos, ya que fomenta la congestión y pérdida de tiempo en atascos, los problemas de salud relacionados con la contaminación en ciudades y la siniestralidad en la carretera; además, incrementa la desigualdad social entre regiones, con Europa y entre modos de transporte”, según el informe de A.T. Kearney.

El trabajo detalla, en este sentido, que las muertes en carretera han vuelto a repuntar, hasta alcanzar casi los 1.300 fallecidos en 2017 y que los costes de la siniestralidad vial en España representan cada año más de 10.000 millones de euros, un 1% de nuestro PIB, según datos de la Dirección General de Tráfico. Igualmente, varias regiones españolas superan los límites de contaminación anual medios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, según cifras de la Comisión Europea, el coste total de tiempo de atascos en España asciende a 5.500 millones de euros cada año.

Para hacer frente a estos retos, el informe concluye que España debe apostar decididamente por un modelo de infraestructuras viarias que permita aumentar la fluidez en las carreteras a través de una gestión inteligente del tráfico, mejorar la seguridad a través de una mayor inversión en mantenimiento y mejora, y reducir la contaminación mediante una adecuada gestión de la demanda y la implantación de soluciones más ecológicas. “La realización de este modelo requiere inversión privada y la participación de los usuarios en su financiación, siguiendo la práctica adoptada en toda Europa”, subrayó el representante de A.T. Kearney, quien añadió que “en Europa está generalizada la financiación por parte del usuario del mantenimiento y mejora de las infraestructuras viarias, liberando al Presupuesto del Estado de la necesidad de dotar fondos públicos a tal efecto. Esta tarificación obedece a distintas modalidades de discriminación de precios; sin embargo, y a pesar de ser un modelo común en toda Europa, la tarificación de la red todavía no se ha extendido en España”.

Modelos de tarificación inteligente

En este sentido, la implantación de modelos de tarificación inteligente en los accesos de Madrid y Barcelona reduciría la congestión entre un 30% y 50% en horas punta, evitaría 150 horas al año de atascos por cada conductor, y reduciría las emisiones de CO2 hasta un 15%. Igualmente, implantar un modelo de tarificación en nuestra red viaria de gran capacidad proporcionaría una contribución económica al Estado estimada entre 60.000 y 110.000 millones de euros en un plazo de 25 años, lo que permitiría afrontar las necesidades de inversión y mantenimiento en la red de infraestructuras viarias.

“España no puede quedarse atrás. Debe garantizarse el principio de movilidad para el ciudadano con un modelo de financiación de infraestructuras viarias más justo, solidario y sostenible que sea compatible con el creciente gasto social y garantice las inversiones necesarias en nuestras carreteras en un contexto de restricciones presupuestarias”, concluyó el presidente de Industria e Infraestructuras de A.T. Kearney.