El Gobierno trabaja para actualizar los CAE y que los ahorros por el aislamiento duren toda su vida útil, no solo un año

La aprobación del Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), que tiene como principal objetivo promover actuaciones de eficiencia energética en edificios, así como la esperada nueva Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, centraron la mesa redonda organizada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat) con motivo de su Asamblea General 2024.

Las compañías del sector de la electricidad y el gas, que están obligadas a contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pueden reducir sus aportaciones con la compra voluntaria de CAE, cuya unidad de medida legal es el kWh anual. Estos CAE suponen también un ahorro de la inversión en rehabilitación en las comunidades de propietarios. Sin embargo, la normativa es mejorable, según expertos del sector.

Durante la mesa redonda, Mar Blázquez, subdirectora Adjunta de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica, afirmó que “el ministerio está trabajando en la actualización de la unidad de medida de los CAE -kWh/año- para que en las actuaciones en la mejora de la envolvente se tenga en cuenta toda la vida útil del aislamiento, el kWh acumulado, y no solo lo que ahorra en un año”, tal como está demandando Andimat.

“Lo ideal sería que la unidad de medida fuera el kWh acumulado, donde pudiéramos multiplicar el ahorro en un año por la vida útil del aislamiento, que suele ser de 30 años; en este sentido, estamos trabajando para saber cuál sería el algoritmo adecuado para cambiar la unidad tanto para los CAE como para los sujetos obligados, y después realizar una modificación de la normativa legal de la Ley 18/2014, que establece esa unidad”, añadió.

Según Antonio Logroño, reelegido presidente de Andimat durante la Asamblea, “los CAE van a ser un instrumento traccionador de la rehabilitación de nuestro parque edificado, van a ayudar a justificar la inversión, por lo que es muy importante considerar la vida útil de dicha inversión, como es el aislamiento, porque la mejor energía es la que no se consume”.

También Cecilia Foronda, directora de Ecodes, explicó la propuesta del CAE social. En ella han trabajado conjuntamente Andimat, empresas, GBCE, Ecodes, entre otros, y se centra no sólo en estos certificados como mecanismo para dinamizar la rehabilitación, sino también para que los ahorros obtenidos ayuden a las familias en situación de vulnerabilidad. “Los sujetos obligados a comprar los CAE van a cumplir con sus obligaciones frente al Estado pero, si también adquieren certificados de ahorro energético sociales, pueden cumplir con sus objetivos de responsabilidad social empresarial haciendo frente a la pobreza energética”, defendió.

Por su parte, en ese mismo coloquio, Luis Rodulfo, presidente de Cepco, manifestó que habrá que hacer un enorme esfuerzo en lo que respecta a las exigencias que establece la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPDB) para España. “Primero, hay que hacer una concienciación de la sociedad española muy importante y consolidar un sector de la reforma y rehabilitación potente, como existe en el centro de Europa, pero también hay que diseñar medidas que faciliten que el ciudadano, las comunidades de propietarios y el agente rehabilitador puedan acudir con la mínima carga administrativa a desarrollar su labor para poder avanzar en el cumplimiento de esta directiva”, añadió.

Para finalizar esta mesa redonda, Luis Irastorza, director de Tecnopen y vicepresidente de GBCe, aseguró que la industria de la construcción tiene como reto cambiar el ritmo de rehabilitación, llegar a 350.000 viviendas rehabilitadas al año, “un compromiso necesario para llegar a cero emisiones en 2050”. 

En cuanto a los CAE, para Irastorza es fundamental contemplar el ciclo de vida del edificio. “No es lo mismo tener en cuenta los ahorros generados por sistemas como la aerotermia, que tienen una duración media de 15 años, con un sistema de aislamiento que proporciona una reducción de la demanda de energía a lo largo de toda la vida útil del inmueble”. También reclamó un cambio en la fiscalidad que evite que computen como ingreso aquellos derivados de la compra de los CAE. “El objetivo es incentivar la rehabilitación y este sistema puede ser un gran aliado”, concluyó.