En la actualidad, en una operación de compraventa de una vivienda de segunda mano solo se exige un certificado energético, que no detalla la situación de conservación del inmueble, pudiendo existir defectos o vicios ocultos que afecten a la adquisición y al comprador.
Para garantizar la protección de los consumidores, el Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE) y la Royal Institution Of Chartered Surveyors (RICS), organización internacional de valoración que representa a los profesionales inmobiliarios, se han reunido para establecer los protocolos, documentos y sistemas que constituirán la ‘Inspección de la vivienda’, un informe que presenta datos técnicos y financieros claros para una mayor seguridad de los compradores y a los vendedores de inmuebles.
Según Alfredo Sanz, presidente del CGATE, “es una responsabilidad de todos los agentes inmobiliarios generar confianza y transparencia en el mercado poniendo todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, como es este informe técnico, en el que ya estamos trabajando, y que debería ser obligatorio para la comercialización de viviendas, ya que, en multitud de ocasiones, estas se venden con varios problemas no entendidos o no comunicados previamente”.
“Teniendo en cuenta que la compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, con este informe los agentes colaboramos en dar garantías de que la decisión tomada por el comprador está fundamentada y cuenta con un nivel de información técnica adecuada y transparente”, añade.
Por su parte, para Javier Ochoa, presidente de RICS España, “la adquisición de una vivienda requiere un análisis detallado y asesoramiento preciso para reducir cualquier problema o defecto oculto que perjudiquen al comprador”. “Este informe podría ser llevado a cabo por el mismo técnico que realiza la certificación energética de la vivienda, empleando estos datos para una valoración posterior que podría realizar el mismo profesional o empresa”, detalla.
En zonas como la Costa del Sol, donde los clientes extranjeros acaparan gran parte del mercado inmobiliario, ya trabajan peritos británicos certificados RICS ofreciendo la elaboración de estos informes que dan seguridad y ayudan a los consumidores en su decisión final.
La implementación de esta ‘Inspección de la vivienda’ en toda España, y de una manera estandarizada y homogénea, podría ajustar el valor de las propiedades con problemas o defectos ocultos a su verdadero valor de mercado, reduciendo significativamente los costes en muchos casos y, lo que es más importante, informando al comprador sobre la condición y valor real del inmueble.
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