Diagnóstico experto de las principales necesidades en vivienda y posibles soluciones, según el Observatorio 2030 (CSCAE)

Los fondos europeos Next Generation son una “gran oportunidad” para impulsar la rehabilitación y la regeneración urbana, generar un parque de vivienda en alquiler “asequible y social estable” y acelerar la digitalización del urbanismo, algo que redundará en la agilización de los procesos de construcción. Esta ha sido la principal conclusión de la quinta jornada de trabajo del grupo “Ciudad y Territorio Justo” del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), centrada en las políticas públicas de vivienda.

Coordinada por el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, y por la directora del Observatorio 2030, Ángela Baldellou, la reunión, que se celebró de forma telemática el pasado 12 de mayo, contó con las intervenciones de la presidenta de la Fundación Hàbitat3, Carme Trilla; el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (APCEspaña), Juan Antonio Gómez Pintado; la representante del Gobierno de España en el Comité de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenación del Territorio de Naciones Unidas (Unece), Helena Beunza; el presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Joan Clos; y el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Javier Martín.

En un país en el que la vivienda social ronda el 2,5%, el director general deVivienda y Suelo subrayó la importancia de la “gobernanza” y de la colaboración entre todas las administraciones: “Los poderes públicos tenemos, en nuestros distintos niveles, que garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada y resolver el problema. Y en un contexto de medio y largo plazo, la colaboración público-privada tiene un papel importante”. Pero aclaró: “No lo soluciona todo y a cada instrumento hay que pedirle lo que pueda dar”.

Para Martín, los fondos europeos representan una oportunidad para cambiar algunos modelos y, sobre todo, para instaurar una cultura de la rehabilitación y de la regeneración de barrios a largo plazo y con un enfoque transversal. Lo importante -afirmó- es que tenga recorrido suficiente hasta 2030 y 2050, tal y como recogen la Estrategia de Rehabilitación Energética de Edificios a largo plazo (ERESEE) y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Para optimizar las ayudas europeas, señaló que se crearán comisiones bilaterales con las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en materia de vivienda, y con algunos ayuntamientos para enfocar la estrategia de forma adecuada. “Y aquí –indicó- entra también la colaboración público-privada pero no solo con un tercero, sino en términos amplios. El propio ciudadano tiene que entender que en esa regeneración puede y debe participar porque tendrá un retorno inmediato en su bienestar”.

El director general de Vivienda y Suelo explicó que, en cualquier actuación que opte a las ayudas públicas, deberán producirse ahorros energéticos. “Es un requerimiento europeo, pero esto no nos puede alejar de las necesidades de los ciudadanos. Incluiremos demandas fundamentales, como la accesibilidad, la salubridad… La idea es abordarlo desde la integralidad”, remarcó Martín, quien subrayó la importancia de la figura de un gestor de la rehabilitación y la implantación del Libro del Edificio Existente para conseguir los objetivos previstos en el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana incluido en la estrategia de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Vivienda social: necesidades

A partir del estudio realizado para la Fundación Fundipax, la presidenta de laFundación Hàbitat3, Carme Trilla, estima la demanda potencial de vivienda social en España en unos dos millones de unidades. “Hace falta un alquiler asequible y social estable que dé seguridad a la población de cara al futuro”, añadió, comparando la situación en nuestro país con el promedio en Europa: “En España, el 1,6% del parque de viviendas está destinado a alquiler social frente al 15% de la media europea. Existe un déficit estructural y los fondos NextGeneration son una oportunidad para corregirlo”.

Para cubrir esa demanda, señaló que harían falta unas 800.000 viviendas, que se podrían cubrir construyendo “unas 50.000 viviendas al año durante 15 años”. “Los fondos europeos podrían servir para arrancar en ese camino, subvencionando el 20% del coste, lo que nos llevaría a unos 1.150 millones de euros de subvención al año destinada a vivienda de alquiler pero, además, se necesitan garantías de financiación o garantías públicas para la financiación (80% restante)”, explicó. A todo ello, añadió un tercer pilar: la fiscalidad, y pidió que se reduzca del 10% al 4% el IVA para la promoción del alquiler.

Por su parte, el presidente de APCEspaña reclamó “un mínimo consenso entre todas las administraciones a la hora de desarrollar cualquier colaboración público-privada y garantizar tanto la seguridad jurídica de las actuaciones como sus retornos”.

La representante del Gobierno en Unece, Helena Beunza, resaltó que el problema del acceso a la vivienda es un problema global “y la búsqueda de soluciones se está realizando también a nivel internacional”. En su opinión, las ciudades no pueden avanzar sin unos estándares básicos de calidad en las viviendas. Por ello, consideró necesaria la “flexibilización y simplificación de los sistemas de planeamiento urbanístico y de gestión”, que debe ir acompañada de transparencia. “Y esta solo la conseguiremos con digitalización”.

Por último, el presidente de Asval, Joan Clos, reclamó claridad de objetivos en las políticas públicas de apoyo a la colaboración público-privada para construir vivienda asequible; que, siguiendo las recomendaciones de la ONU y de la Nueva Agenda Urbana, se construya vivienda asequible “donde hace falta, no donde el precio del suelo es barato, y donde hace falta es en las ciudades que tienen los precios más altos, como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, pero en el centro y no en la periferia”, y que se articulen ayudas de urgencia a las familias que se encuentran “en crisis inminente” debido al Covid19. En este sentido, recordó que, desde Asval, se ha demandado un fondo dotado con 750 millones para resolver de forma urgente las necesidades de las familias que no puedan hacer frente al pago del alquiler. “Es una solución de emergencia”, remarcó.

Tras las ponencias, continuó un debate en el que participaron, entre otros, la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración del Ayuntamiento de Madrid, Isabel Calzas, y el director del Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC), Francisco Diéguez.

La del pasado miércoles 12 de mayo fue la quinta reunión del grupo de trabajo “Ciudad y Territorio Justo” dedicada al acceso a la vivienda, un tema que, como indicó el presidente del CSCAE, es “clave para el sector” y para el Observatorio 2030 del CSCAE.