Sector de la construcción y sindicatos reclaman un plan de recuperación que aproveche todo su potencial para generar empleo estable

El presidente de la CNC, Juan Lazcano, destaca la capacidad del sector para ser "motor y base de una recuperación económica duradera".

El sector de la construcción y la edificación en España y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT reclaman un plan de recuperación que contemple las medidas y recursos necesarios para acelerar su actividad y contribuir “de forma decisiva a una rápida recuperación económica”. Se trata de aprovechar todo su potencial como generador de empleo de calidad para poner en marcha una “ola de renovación inmobiliaria” que responda a las necesidades de rehabilitación y renovación urbana y acceso a la vivienda siguiendo las líneas estratégicas que marcan el Pacto Verde (Green Deal) de la Comisión Europea, la Agenda 2030 de la ONU y la Agenda Urbana Española.

En un comunicado conjunto, suscrito por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), CC OO y UGT y el Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE), el sector subraya que “la mejor manera de conciliar la solución” de eficiencia energética del parque edificatorio para que sea sostenible, accesible y funcional por el bienestar y la salud de las personas y “la necesidad ineludible de superar la crisis económica y contener la pérdida masiva de empleo sobrevenida por la pandemia es utilizar toda la potencialidad de la construcción”.

Motor de una recuperación duradera

El presidente de la CNC, Juan Lazcano, destaca la capacidad del sector para ser “motor y base de una recuperación económica duradera”. Para ello, destaca su variada estructura empresarial y la alta proporción de pymes y autónomos, que hacen de la construcción el segundo sector económico generador de empleo después de la agricultura; su capacidad de arrastre sobre otros sectores industriales, puesto que solo importa un 9% de los materiales que utiliza y genera una actividad inducida de 1,92 euros por euro invertido; sus retornos fiscales, cercanos al 50%, y su estructuración en el ámbito laboral en torno a un Convenio Colectivo Nacional, a una Ley de Subcontratación específica y a una Fundación Laboral paritaria con los agentes sociales.

A estas características del sector hay que sumar la realidad del parque de viviendas en nuestro país y la necesidad de alinear las estrategias de recuperación económica con la estrategia europea para transitar hacia una economía verde. Como se recuerda en el comunicado, los edificios son los mayores consumidores de energía de la UE y responsables del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero. En España, en concreto, el 75% del parque inmobiliario se construyó antes de la entrada en vigor de las primeras directivas europeas de eficiencia energética y más de la mitad de los 10 millones de edificios existentes con 26 millones de viviendas no responde a ninguna normativa.

Aparte, un 10% de esos edificios necesita obras de conservación por su estado deficiente; un 50% tiene problemas de accesibilidad y, en general, en pocos casos están adecuadas a las nuevas formas de vida y requerimientos de habitabilidad. Pero, además, a toda esta problemática hay que añadir las dificultades de acceso a la vivienda, con un parque público que no llega al 1,5%. Por eso, el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, recalca: “Debemos acometer, urgentemente, una ‘ola de renovación urbana’ para que nuestro parque edificado dé respuesta a las necesidades actuales, alcanzando la tasa de rehabilitación anual del 3% que recomienda la Unión Europea”.

Puesto que el “pacto de reactivación económica y por el empleo” firmado por el Gobierno, la patronal y las principales centrales sindicales da paso ahora a una negociación de fondo, con este comunicado el sector de la construcción y la edificación demanda un “apoyo inicial y urgente, con actuaciones que impulsen y multipliquen la inversión privada con fondos públicos, hasta que puedan ser sustituidos o complementados por los programas de la Unión Europea”. Considera, además, que esta ayuda debe venir acompañada de medidas fiscales y de otras de carácter normativo “para que el escenario económico-jurídico-técnico resultante favorezca el desarrollo de estas actividades de forma estable a largo plazo, contando con la participación de los operadores del sector”.