Mitma inicia la consulta pública previa a la redacción del anteproyecto de ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido

El trámite de consulta pública, que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 26.2 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, tiene el objetivo de mejorar la participación pública en el procedimiento de elaboración de las normas, con carácter previo a la elaboración del correspondiente borrador o borradores, permitiendo que los ciudadanos, asociaciones y organizaciones que lo deseen puedan hacer llegar al departamento sus observaciones y propuestas. En este caso, lo podrán hacer hasta el próximo día 31 de julio de 2020.

Con este proyecto se plantea el reconocimiento de la arquitectura y la calidad del entorno construido como bien de interés general con el objetivo de preservar, difundir y fomentar la calidad de la arquitectura y el entorno construido como elementos básicos para la mejora de las condiciones de vida de las personas, en línea con lo manifestado en la Declaración de Davos de 2018: “El diseño del entorno construido, las relaciones entre los objetos y su entorno construido y natural, la coherencia territorial, la escala y la materialidad, son factores que tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida”.

Utilización racional del patrimonio urbano y arquitectónico

La Agenda Urbana española reclama que la utilización racional del suelo y del patrimonio urbano y arquitectónico debe estar precedida de los valores internacionales que claman ya por un desarrollo urbano sostenible en su triple dimensión social, económica y medioambiental. De esta forma, se pretende, entre otros aspectos, impulsar la calidad de la arquitectura y del entorno construido como elemento básico de la calidad de vida de las personas, promover los vínculos que fomenten el acercamiento de la arquitectura a la sociedad, establecer mecanismos que mejoren la calidad arquitectónica de nuestros pueblos y ciudades, con procedimientos de contratación pública ejemplares, que refuercen los valores de la calidad arquitectónica, contribuir al desarrollo económico y social a través de la renovación y la mejora de la calidad de la edificación y los entornos construidos, la protección del patrimonio cultural y natural o la modernización de la arquitectura.

También se pretende facilitar el impulso de la rehabilitación y renovación urbana, mejorando la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad y la adaptación a las nuevas formas de vida y de trabajo del parque construido existente, incrementando su calidad y capacidad de dar la respuesta adecuada a las necesidades actuales.

De acuerdo con la nota difundida desde el Mitma, este proyecto de ley obedece a la necesidad de complementar lo ya dispuesto en Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) para garantizar la calidad de la edificación, y desarrollado específicamente en el Código Técnico de la Edificación (CTE), con disposiciones que garanticen la calidad de la arquitectura y del entorno construido, teniendo en cuenta su dimensión cultural e interés social, que permitan mejorar la calidad de vida y la relación de los ciudadanos con su entorno, contribuyendo a la cohesión social. “Y contribuye también a la implementación de la AUE en la medida en que compromete una actuación normativa en el contexto de su propio plan de acción”, según concluye la nota.