Ingenieros y arquitectos firman una declaración conjunta para poner en valor la calidad técnica de sus servicios

Con el objetivo de alcanzar la correcta y eficaz utilización de los fondos públicos dedicados a la contratación de servicios de Ingeniería y de Arquitectura, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia), el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (Upci), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el Instituto de la Ingeniería de España (IIES) y la Fundación Arquitectura COAM han firmado un documento en el que realizan una declaración conjunta por la calidad del servicio demandado y defienden que éste “requiere un coste mínimo por debajo del cual no es posible conseguirla”.

Las asociaciones e instituciones de Ingeniería y de Arquitectura firmantes explican que la calidad resultante en los servicios intelectuales profesionales de Ingeniería y de Arquitectura es consecuencia del conocimiento, la experiencia y la dedicación de sus profesionales, así como de los procedimientos y sistemas aplicados por las empresas y suministradores de Ingeniería y de Arquitectura. “Cuando se trata de trabajos demandados por la Administración Pública, son sus equipos técnicos quienes fijan las exigencias técnicas y de calidad, los precios aplicables y los presupuestos resultantes”, añaden.

En su opinión, cualquier oferta que esté por debajo de este coste mínimo solo se consigue reduciendo los tiempos dedicados por los profesionales al análisis de soluciones y de sus riesgos, empleando técnicos de menor cualificación y experiencia, o reduciendo los necesarios trabajos de ensayos e investigación. Asimismo, denuncian que las leyes sobre contratación pública han priorizado históricamente la selección por concurso y no por subasta de los servicios de Arquitectura y de Ingeniería.

En este sentido, insisten que las directivas europeas sobre contratación pública establecen de forma expresa que “la oferta económicamente más ventajosa” no es necesariamente la más barata. De hecho, la Directiva aprobada en 2014 contempla que: “El factor coste podrá adoptar la forma de un precio fijo, sobre la base del cual los operadores económicos compitan únicamente en función de criterios de calidad”. Y este criterio es aplicado en países como Estados Unidos (Brooks Act, 1972) y Alemania (HOAI), en defensa de la calidad y seguridad a los usuarios y consumidores.

Los organismos firmantes de esta declaración por la calidad esgrimen que “la práctica reciente de la mayoría de las Administraciones Públicas, de no valorar la calidad técnica o hacerlo de forma insuficiente y con peso insignificante, hace que el precio de la oferta sea el único factor real de selección, lo que provoca, en las actuales circunstancias del mercado, contrataciones a precios inferiores a los necesarios para realizar un servicio de calidad”. Y añaden que “los profesionales y las empresas, para su propia supervivencia y ante los criterios de la Administración para adjudicar sus proyectos, se ven forzadas a prácticas de precios por debajo de coste, en detrimento de una mínima calidad deseable”.

La práctica de esta política de contratación por subasta tiene como consecuencia:

-Mayores costes de inversión y operación y conservación, al no haber sido posible analizar y definir con suficiente profundidad la mejor solución técnica y económica en la fase de proyecto o no haber realizado con la necesaria intensidad el control de ejecución.

-Con toda probabilidad, mayores plazos de ejecución, al tener que introducir durante la obra modificaciones que pudieron haber sido previstas.

-Menor capacidad de atender las crecientes necesidades de I+D+i y la formación continua del sector.

-Desincentivación de los jóvenes profesionales mejor dotados, y empobrecimiento progresivo de la excelencia profesional del sector.

-Pérdida de competitividad en el mercado internacional.

-La adjudicación por precio es incompatible con la necesaria implantación de la “compra pública innovadora” prevista en el Plan de Fortalecimiento del Sector Industrial.

Es de resaltar, según los organismos firmantes, que el coste total de los trabajos de Arquitectura o de Ingeniería en un buen proceso de creación de una nueva infraestructura, se sitúa entre el 4 y el 8% de la inversión total, “y con las bajas practicadas este monto se reduce a la mitad”. “Debemos manifestar que un buen proyecto, una adecuada dirección de obra y un riguroso control de calidad, además de hacer posible la bondad del producto final, pueden generar ahorros de inversión y explotación superiores al 20% de los costes actuales de construcción”, subrayan.

En virtud de todas las razones y consideraciones expuestas, las asociaciones e instituciones de Ingeniería y de Arquitectura firmantes solicitan de todas las Administraciones Públicas lo siguiente:

-1. Que en la transposición de las nuevas Directivas Europeas sobre Contratación Pública se reconozca en la Ley de Contratos del Sector Público el carácter intelectual de los servicios de Ingeniería y de Arquitectura, y la autoría de sus profesionales.

-2. Que se seleccione a los concursantes por experiencia e idoneidad y se adjudiquen los servicios de Ingeniería y de Arquitectura por criterios de calidad de la oferta fundamentalmente, y que sean desestimadas por temerarias las ofertas cuyas bajas superen la baja media en un margen razonablemente reducido, como ha sido aplicado con anterioridad y éxito durante muchos años y se lleva a cabo en la Comisión Europea, Banco Mundial y otras entidades multilaterales.

-3. Que se incorporen y valoren de forma sistemática las mejoras soportadas en I+D+i , así como los criterios de “compra innovadora”.