AMDPress.- El presidente de la Confederación Española de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), Eduardo Góngora, reclamó ayer, 11 de junio, al Gobierno que incorpore antes del próximo 8 de agosto a la legislación española la directiva comunitaria por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y se obliga a las empresas del sector a pagar a sus suministradoras en un máximo de 30 días, un plazo que, según sus palabras, “en muchos casos asciende a 210 días”.
“Hoy en día los contratistas están pagando a 60 días y no es lógico que esos 60 días se conviertan en 210 para los suministradores de materiales de construcción”, señaló Góngora, quien añadió que estos “abusos y costumbres” se podrían erradicar con la transposición “fiel” de la directiva comunitaria.
La nueva norma, aprobada en junio de 2000, establece para todas las transacciones un plazo máximo de 30 días en el pago, a no ser que exista un pacto previo entre las partes. Además, para incentivar su cumplimiento, también se ha fijado un tipo de interés de demora de 7 puntos porcentuales para el deudor, que se sumará al tipo de interés aplicado por el BCE a su más reciente operación de refinanciación.
Los proveedores de materiales de construcción calculan que, si el Gobierno transpone literalmente la directiva europea, reducirán en unos 6.000 millones de euros su deuda financiera. A día de hoy, la deuda viva que mantienen las constructoras con la industria auxiliar de la construcción se sitúa en torno a 7.200 millones, sobre una facturación conjunta anual de 36.000 millones de euros.
No obstante, el presidente de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), Manuel Antonio Sobral, señaló que la aplicación de la directiva no será “inmediata”, sino que será “necesario un período de adaptación” para evitar un “trauma nacional”, razón por la que no cree que “el 9 de agosto la ley esté adaptada a nuestro país”.
Por este motivo, instó a Seopan, la patronal española de las grandes constructoras de obra pública, y a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) a buscar, de forma conjunta, un “punto de equilibrio” que contemple un plazo medio de pago adecuado a los “intereses globales de todos”.
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